En una declaración contundente, el General William Salamanca, Director General de la Policía Nacional, desmintió que los recientes disturbios en la Troncal del Caribe fueran un legítimo paro cívico, describiéndolos más bien como una maniobra de sectores vinculados al narcotráfico para influenciar a las comunidades. Estas declaraciones se produjeron en medio de tensiones crecientes en la región, particularmente en Palomino y sus alrededores, cerca de Santa Marta.
«Lo que sucedió en La Troncal, en Palomino, en la jurisdicción de Santa Marta, no es simplemente un paro cívico. Hay intereses netamente ilícitos de personas que están instrumentalizando a las comunidades», afirmó el General Salamanca durante una rueda de prensa conjunta con autoridades locales.
El General destacó la reciente captura de importantes figuras del narcotráfico, entre ellas alias Muñeca y alias El Menor, a quienes se les imputan delitos graves como narcotráfico y concierto para delinquir. Estas detenciones han exacerbado las tensiones en la zona, donde grupos locales parecen haber respondido con acciones de protesta que incluyen bloqueos y otras medidas disruptivas.
Por su parte, el delegado del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda, también se refirió a la situación, enfatizando que las demandas de las comunidades deben canalizarse adecuadamente a través de los mecanismos legales establecidos. «No es la comunidad en sí la que debe validar propuestas para la paz, sino los grupos organizados a través de sus voceros reconocidos», explicó Castañeda en una entrevista exclusiva.
Las autoridades locales, incluida la Alcaldía Distrital de Santa Marta, han intentado mediar en la crisis, buscando establecer acuerdos que mitiguen las tensiones y permitan avanzar hacia una solución pacífica. «A partir de este momento se levanta el paro cívico en esta zona rural. Se han logrado acuerdos sustanciales con el Gobierno Nacional para abordar las necesidades de desarrollo y seguridad en la región», declaró un representante de la Alcaldía.
En medio de estas negociaciones, las autoridades han expresado preocupación por la presencia de infiltrados y la amenaza a comerciantes locales durante las protestas. La Fuerza Pública y la Fiscalía han intensificado sus esfuerzos para investigar estos incidentes y asegurar la tranquilidad de los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta.
El llamado de las autoridades es a la calma y a evitar la polarización, enfocándose en construir un camino hacia la paz y el desarrollo sostenible en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico en Colombia.
