POR: BAYRON BOLIVAR GIL GRAU
Esta norma educativa debe estar decidida a profundizar en el debate social-humano de esta sociedad llena de tantos males, para incluir en el ambiente formativo entre los actores razonados enunciados como perspectivas de futuro, uniendo pasado y presente para permitir que los niños, adolescentes y jóvenes se expresen con su propios proyectos de vida a través de un incesantes intercambio de experiencias vivificantes: porque eso es y debe ser la educación. Esta ley que se debe en el congreso de la república (con una fuerte oposición de Fecode) como recurso constitucional-formativo para las clases más desfavorecidas debe dotar a la sociedad de una vitalidad indiscutible que le ayude a recrear y crear el elaborado lenguaje de la dignidad humana. Esta ley debe ser un retrato de la sociedad, en lo que se debe cambiar, especialmente, por el desprestigio de sus instituciones. Debe reflejar sus dramas, en especial, el no apego a la formación de buenos ciudadanos, revitalizando lo político y ponderando la educación pública. Esta ley debe ser la redistribución de fuerzas en el precario equilibrio en que se venido dinamizando la educación. Esta ley entonces, debe ser un Contrato Social Educativo ante los conflictos sociales, las luchas populares por las mejoras en sus condiciones de una vida digna, una cuestión sí acaso marginal que la educación no asume como reivindicación histórica. Este texto superior sobre la educación colombiana, debe reflejar un importante y merecedor respaldo de toda la sociedad, en todas sus costuras históricas, porque lo que debe buscar es y debe ser el momento de excelencia, es la búsqueda por la humanidad del otro que debe caracterizar al buen ciudadano, en el combate desigual, en que se halla sumida como mezquindad la actual educación liderada por los sacerdotes oficiales del Ministerio de Educación Nacional, MEN, que han cosificado el formar como un “producto de calidad”.
Frente a este proyecto de ley estamos atentos. Es así como el Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico-Rudecolombia, tiene previsto para la primera semana de agosto del presente año un “Panel de Expertos” para abordar desde un pensamiento crítico las bondades e inconsistencias de esta normativa, para analizar sus representaciones en relación con el prudente y futuro del sistema educativo en su integralidad. La comunidad académica tiene conciencia de la época en que nos desenvolvemos, de ahí la importancia de la estatutaria; esto en razón, de que hemos vivido, valorado, criticado y comprendido todo el pasado legislativo en este campo (Decreto Ley 80 de 1980, Decreto Ley 2277 de 1979, Ley 115 de 1994, Ley 30 de 1992, entre otras normas) en las categorías de docente, investigador o administrador educativo, lo que ha supuesto su análisis, señalando si han sido adecuadas a los momentos históricos. Empero, mediante tal materialización de la Constitución de 1991 se efectúa una conciencia más certera de esta legislación, cobrando conciencia de su tiempo, precisamente en estas categorías y que el tiempo ha demostrado, que necesitan repensarse: este es, y debe ser el objetivo de la Ley Estatutaria, como posición constitucional adecuada a las nuevas generaciones. Esta ley debe sentar las bases de un programa ético-político que debe recorrer el espíritu de los niños, siendo una norma orientada hacia el futuro.
Con tal planteamiento, es que queremos desde el Doctorado en Ciencias de la Educación abrir este debate, abordando el terreno que cursa en el congreso de la república, tanto en sus ideas como en sus condiciones para llegar a explicaciones racionales de la conexión o desconexión de ella con la realidad social. Esta norma debe “pintar” la realidad del mundo de la escuela y la universidad, como ese estado de cosas que se han realizado y otras que se debe realizar, en un proceso en el curso del cual la sociedad colombiana realice sus quereres y la humanización tan necesaria desde la educación. Por esta razón, esta historia de la legislación educativa colombiana puede ser el proceso formativo, que significa que el educar y el formar son alcanzables pensando siempre en la dignidad humana. Esta ley debe ser el producto de la comunidad académica, que debe ser refrendado por esos señores del congreso: Porque, podemos preguntar, ¿cuántos de esos señores han sido profesores en primaria o bachillerato? ¿Cuáles son sus producciones en materia educativa? La comunidad académica del campo de la educación es la que da identidad creadora a la ley. Por eso, nuestra propuesta era y sigue siendo la de una convocatoria a una Asamblea Constituyente Educativa, dadas las inconsistencias en ese seno del congreso, donde apreciamos una autocracia de lucha legislativa, que no reconocen la importancia de reconciliar e no interrelacionar con el mundo de la escuela, que está sometido a constantes cambios y definiciones.
Esa identidad se rompe cuando se desconocen a los actores principales: docentes, estudiantes y padres de familia. De ahí, que de ese Congreso de la República no puede en ningún momento emanar un aire de naturaleza definitiva que haga de la educación un verdadero Derecho Fundamental (notemos, que en esa ley cursa, para nada se ha “tumbado” la instrumentalización del ingreso a la educación superior: que el ingreso de las clases populares seguirá atado al menoscabo de sus dignidades, por parte de esas pervertidas pruebas estatales. En estos momentos, el magisterio y toda la comunidad educativa en lo que debemos estar identificados: lograr que esa ley se hunda, y procurar la convocatoria de la Asamblea Constituyente Educativa, que tiene más respaldo y autoridad porque ese congreso es como el toque del rey Midas, todo lo que toca nunca es pensado para favorecer al pueblo. Por eso los anhelos de una verdadera reforma educativa integral desde “la cuna hasta la tumba”, como la confianza que todos tenemos en la educación, y que solo ella nos ofrece esperanza de una vida digna. Esta normativa debe personificar el diálogo constructivo entre Estado-Familia-Sociedad y Escuela, haciendo florecer el concepto milenario de formación, como una forma de alejamiento de esa manera instrumental y estandarizada en que se ha sometido al sistema educativo por más de cincuenta años, sin los resultados esperados: la formación de buenos ciudadanos. Se debe observar claramente un fuerte contraste con nuevas prácticas evaluativas, más humanas, más dialogadas, más constructivas y más sintonizadas con los problemas sociales. Esta Ley Estatutaria (si ella no hace prevalecer lo sustancial de un proyecto educativo de nación: la formación de buenos ciudadanos que haga frente a todos los desmanes de todo tipo en nuestra sociedad, se deberá convocar una Asamblea Constituyente Educativa) debe ser un símbolo de cambios radicales para lograr entrar verdaderamente al siglo XXI.
Esta ley debe crear posibilidades reales a la niñez, a los adolescentes y juventud a partir de sus propias experiencias para hacer visible el “sapere aude” (“atrévete a saber” o “atrévete a pensar”). Esta norma debe estar imbuida de los saberes científicos y ancestrales que sustenten los modos de interpretar y transformar la realidad social y cultural. Además, de esta división cognitiva, esta ley debe desarrollar y fortalecer valores éticos fundamentales como el respeto, la justicia y solidaridad que sirvan para formar y moldear la idea de responsabilidad para sí mismo y para el prójimo, en términos kantianos, “la ley moral dentro de mí”, lo que nos obliga a ser dignos de merecerla. Esta ley debe ser un programa ético que invite a repensar qué significa la formación y educación contextualizadas y pertinentes desde sus naturalezas y compromisos que el Estado tiene con ellos. Desde este prisma, ¿cuál es el concepto de formación que transita en esta norma? Esto en razón de que la escuela debe ser un espacio de reflexión y comprensión del presente, como un proyecto humanista que forma buenos ciudadanos, que imprima tolerancia y entendimiento mutuo, la paz y el respeto a la diferencia. Esta ley debe dejar a un lado el paisaje perverso y deshumanizador de la estandarización y homogenización, expandiendo la idea de una nueva escuela y universidad, como esencias de la utopía como espacios de desintoxicación de esos mecanismos implementados por los sacerdotes oficiales del MEN.
