La problemática central por la cual los docentes salieron a las calles radica en una enmienda presentada en el Senado, acusada por los docentes de impulsar la privatización y socavar los fundamentos de una educación pública de calidad.
En una muestra masiva de descontento, docentes de todo Colombia se han unido en una marcha pacífica para expresar su firme oposición a la propuesta de reforma educativa que está generando controversia en el país. Esta reforma, que ha avanzado rápidamente en la Cámara de Representantes pero ha encontrado obstáculos en el Senado, ha desatado un intenso debate sobre el futuro de la educación pública y los derechos de los educadores.
La raíz de la discordia radica en una enmienda presentada por la comisión del Senado que, según los críticos, profundiza la privatización de la educación y socava los pilares de la enseñanza pública de calidad. Entre los aspectos más controvertidos de esta enmienda se encuentra la reintroducción de los bonos escolares, la eliminación del preescolar de tres grados y la vinculación de los resultados de los estudiantes a la evaluación docente.
Marinelda Salas, presidenta de la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA), ha sido una de las voces más destacadas en esta lucha. En declaraciones recientes, Salas denunció que la enmienda propuesta dejaría desfinanciada la educación pública, reviviendo prácticas que han afectado al sistema durante más de dos décadas. Además, señaló que la propuesta atenta contra la libertad de cátedra y los derechos sindicales de los docentes.
Según Salas: «La ley deja sin piso esa reforma al sistema general de participación, lo que significaría inyectar a la educación pública los recursos que hace más de 20 años le han venido quitando.»
El impacto potencial de estos cambios va más allá de las preocupaciones inmediatas de los educadores. La propuesta amenaza con exacerbar las desigualdades educativas y socavar el acceso a una educación de calidad para todos los colombianos. La presidenta de ADEA resaltó que, en lugar de promover la igualdad de oportunidades, la reforma propuesta podría profundizar las disparidades entre las instituciones educativas públicas y privadas.
La resistencia de los docentes no se limita únicamente a la oposición a la evaluación docente, como algunos medios han sugerido erróneamente. Más bien, se trata de proteger un sistema educativo que ha sido objeto de desinversión y desatención durante demasiado tiempo. La reintroducción de los bonos escolares, argumentan los críticos, no garantiza la continuidad y calidad de la educación pública, sino que podría abrir la puerta a la privatización y la incertidumbre para miles de estudiantes y familias.
Por otro lado, Henry Rada, directivo de ADEA y encargado de la Secretaría de Salud, habló sobre la prolongación del paro docente. Rada afirmó enfáticamente que, a menos que se encuentre una solución satisfactoria, el paro continuará al menos hasta el 20 del presente mes. Sin embargo, advirtió que, si persiste la falta de soluciones, el paro podría extenderse durante todo el año.
«Este paro llega mínimo hasta el 20. Pero, si no hay solución, este paro va a ser todo el año, si se le quiere. Porque primero está la educación de los niños colombianos», expresó Rada con determinación.
Finalmente, la prolongación del paro docente plantea serias preocupaciones para los padres de familia y la comunidad educativa en general. Ante esta situación, Rada dirigió un mensaje directo a los padres: «A los padres de familia que, por favor, que se den cuenta que estamos en paro, no porque queremos vacaciones, porque nosotros recuperamos el tiempo. O sea, se da un contrasentido. Nosotros estamos en paro porque estamos defendiendo la educación y la calidad de la educación de los niños colombianos. Y los invitamos a que nos respalden. No a que nos respalden, a que respalden la educación de sus hijos.»
