Por Orlando Andrade Gallardo
Las expectativas de la constituyente del 91 para modificar la Constitución y evitar ser violentada por malandrines disfrazados de buenos ciudadanos confunden cada vez más a los colombianos por la debilidad para defender su patrimonio y derechos, que en todo momento es vulnerado. El propósito de modificar las normas disfuncionales para ejercer mayor control y vigilancia, ha creado desconfianza en las habitantes por la incapacidad del Estado de prevenir los delitos que las autoridades no pueden controlar. La cuarta papeleta promovida por diferentes sectores de la nación y lograr que se realizara la constituyente para que reprimieran las viejas prácticas de saquear los dineros destinados a la salud, educación e inversión social, se quedaron cortas o fueron mal diseñadas. Los colombianos no alcanzamos a entender que funcionarios que devengan 50 salarios mínimos mensuales, más otras prebendas, sean tan avaros de robarse los dineros de las EPS y los recursos de la Ungrd y no pasa nada. Las alarmas se prendieron cuando la comunidad denunció el sobrecosto de los carrotanques para suministrar agua a los habitantes de La Guajira, al descubrirse el peculado, los responsables implicados en el delito acusaron a los presidentes de las dos cámaras, congresistas y ministros de haber recibido dinero sucio. Qué vergüenza. Pero no pasa nada. Al demostrarse el delito, las consecuencias sancionatorias penales deben ser ejemplarizantes por tratarse de funcionarios que gozan de altos cargos y se aprovecharon de su posición dominante; la opinión pública debe conocer el fallo para marginarlos socialmente.
La corrupción es una plaga devoradora que fumiga todos los recursos públicos sin piedad y no debe ser derogable, sus protagonistas de estas infamias prácticas enraizadas en el Estado, son los clanes y mafias territoriales que pisotean la ética pública. Las asociaciones del crimen organizado, constituidas por familias que controlan los altos cargos, nombrando a sus hijos, esposas, cuñados, para que sirvan de testaferros y trampolín en sus oscuros negocios que tienen asfixiado al país, no son castigados penalmente por la debilidad de las normas y voluntad política. Para los expertos en derecho penal, el factor que contribuye a que continúe el desorden del roba que roba, es la impunidad y falta de herramientas jurídicas que la Constitución del 91 debió otorgar a las superintendencias para sancionar con cárceles y despojar de sus bienes a los culpables.
En Colombia el corrupto jamás es penalizado como se merece, no pierde poder ni riqueza, aun capturado infraganti, los procesos judiciales no se activan y son absueltos por vencimientos de términos. El debate de disminuir los sueldos a los congresistas es un arma de doble filo, las finanzas del Estado se favorecen, pero el desquite por rebajarles los salarios se compensa con afilar más la mano pelúa. El problema puede ser mayor y los personajes de marras pueden reemplazar los suntuosos gastos a que están acostumbrados, saqueando los recursos destinados a los maestros, burocracia y asistencia social; preferible dejar las cosas como están. Los medios de comunicación acostumbraron a la opinión pública a informar los macabros hallazgos que se presentan diariamente en las dependencias del Estado sobre faltantes, sobrecostos, falsedad de documentos y todo lo asociado a la podredumbre, pero no pasa nada. En la post pandemia todos los organismos de control denunciaron los delitos referenciados en 27 departamentos y 400 municipios y hasta la fecha desconocemos los resultados. ¿Qué pasó?, nada. El apetito insaciable del corrupto no tiene límites y puede llevarse por delante la niñez, los enfermos, damnificados, donde saquearon a la Ungrd por más de 5 billones de pesos, esperamos que pase algo. Las autoridades conocen a los responsables de todas estas fechorías, pero son intocables por su poder que ejercen en la sociedad. ¿Será que algún día la justicia operará con severidad contra esta plaga que circula con la mayor tranquilidad por todo el territorio nacional? Es posible que la reciente fiscal general ajuste sus cinturones y acabe con esta peste. La pregunta es dónde estaban los ministros, los superintendentes y autoridades cuando sucedieron estos hechos. El gobierno tiene pruebas sobre los responsables de las millonarias estafas a las EPS y Ungrd de la administración anterior, la oposición permanece callada, el ventrílocuo del exvice con imagen de cantante de tango por el pelo engominado hasta las orejas, no habla o lo mandaron a silenciar? La ciudadanía debe cerrar fila y realizar una cruzada con mayor fuerza que las anteriores para conocer los resultados de las investigaciones y vigilar los recursos destinados a los pobres y denunciar quienes son los responsables. ¿Será que necesitamos otra constituyente?
