La Comisión Primera de la cámara baja del Congreso aprobó en primer debate el proyecto denominado “Jorge Pizano” por medio del cual se establecen normas, procedimientos y mecanismos para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los denunciantes de hechos que constituyan o puedan constituir corrupción.
El proyecto tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos fundamentales a la vida, integridad, seguridad personal y al libre desarrollo de la personalidad, así como los derechos laborales, económicos y políticos de reportantes o denunciantes de hechos de corrupción.
Sumado a ello, promoverá la denuncia de presuntos hechos o fenómenos de corrupción como el tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, interés indebido en celebración de contratos, prevaricato y soborno. Las medidas de protección son extensibles a terceros, como sus familiares y facilitadores.
La propuesta legislativa, estipula medidas
de urgencia para todas las personas, priorizando a periodistas, líderes sociales y ciertos profesionales que investiguen y denuncien hechos de corrupción, y crea el Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción, Suprac, que será una instancia interinstitucional de carácter independiente encargada de coordinar, recomendar y decidir sobre la implementación y el seguimiento de mecanismos de protección de los denunciantes.
El Suprac, estará integrada por la Secretaría Transparencia de la Presidencia de la República, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Unidad Nacional de Protección, Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior.
También, podrán asistir representantes de la academia, organizaciones de sociedad civil y empresas del sector privado, delegados de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades.
Cabe mencionar, que el proyecto es impulsado por la representante Cathy Juvinao, en conjunto con el Ministerio de Justicia y el Derecho, la Secretaría de Transparencia y los congresistas María del Mar Pizarro, David Racero y Armando Zabaraín.
Al respecto, Juvinao, señaló que en todo el territorio nacional denunciar a los corruptos no puede costar la integridad y la vida. “Yo misma he sido denunciante de corrupción desde la ciudadanía y doy fe de la urgencia de brindar las garantías necesarias para investigar y denunciar. Además, como país integrante de la Ocde, Colombia debe cumplir con la legislación internacional en la materia, esto es, implementar las medidas necesarias para salvaguardar la vida de quienes denuncian a criminales y corruptos en este país”, explicó.
De acuerdo con la parlamentaria, la aprobación cumple con la promesa de una amplia agenda anticorrupción.”Ahora vamos a la plenaria de la Cámara de Representantes en el segundo semestre del año, donde esperamos contar con el apoyo mayoritario y contundente de esta corporación”, concluyó.
