La Personería Distrital denuncia malversación de fondos, pagos dobles y cobros indebidos de IVA en un contrato otorgado a dedo, exigiendo medidas inmediatas para frenar el despilfarro de recursos públicos.
El miércoles 24 de abril, Edwar Orozco Oñate, Personero Distrital, convocó a una conferencia de prensa donde reveló un informe exhaustivo que sacó a la luz un escandaloso caso de corrupción relacionado con el contrato millonario para la gestión del alumbrado público en Santa Marta.
Durante la rueda de prensa, se expuso cómo los recursos destinados al servicio de alumbrado fueron malversados en viajes, comidas y lujos. Desde 2019, la Alcaldía otorgó el manejo del alumbrado público a la Essmar, la cual, sin sustento legal, tercerizó la operación mediante un contrato otorgado «a dedo» al Consorcio Conlus.
El informe reveló que no solo se realizaron pagos dobles a servicios profesionales y equipos, sino que también se descubrieron nuevas irregularidades, lo que llevó a la Personería a frenar el inadecuado uso de los recursos de los samarios.
El Personero Distrital señaló la indiferencia absoluta de la Essmar y la Alcaldía de Virna Johnson en la supervisión del contrato tercerizado, afirmando que «nunca se hicieron observaciones sobre las fallas del servicio». A pesar de la obligación de presentar balances técnicos, el sistema de alumbrado público de Santa Marta figura en los documentos como el más óptimo, no solo de Colombia, sino del mundo, aunque las comunidades denuncian su deplorable estado.
Una de las acciones cuestionables fue la destinación de más de $173 millones para que Conlus tuviera a disposición profesionales, sin estudios de idoneidad ni supervisión. «¿Por qué se tenía que pagar determinado número de abogados? ¿En qué impacta eso el mejoramiento del servicio público?» cuestionó Orozco.
El informe de la Personería también detalla que al contratista Conlus «se le está permitiendo cobrar el IVA sobre los servicios que ejecuta en el marco del Contrato No. 333 de 2019», a pesar de que el servicio de alumbrado público está exento de dicho impuesto, encareciendo así el costo asumido con recursos públicos. Durante cuatro años, se le devolvió el 19% de todos sus servicios sin justificación legal o tributaria.
Además, la CREG establece un 10.3% como valor máximo para ser añadido al contrato por «actividades adicionales», pero sin razón, se giró un 2.5% más bajo el mismo concepto. Esto, junto con la devolución del IVA, resultó en un «regalo» de $12.438 millones al Consorcio Conlus.
Ante este panorama desolador que evidencia un despilfarro de los recursos públicos, la Personería adoptó acciones inmediatas. En un documento dirigido al alcalde Carlos Pinedo Cuello y al gerente interventor de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Jorge Echeverry, se instó a no seguir pagando al Consorcio Conlus una remuneración superior al 10% permitido por la Resolución CREG 123 de 2011. También se solicitó que «NO se siga remunerando el 2.5% + IVA, del concepto ‘APOYO A LA GESTIÓN’, pues dichas actividades se encuentran incluidas dentro de las actividades de AOM».
Se espera una respuesta inmediata por parte de la Essmar y la Alcaldía, así como la adopción de acciones para combatir la corrupción y mejorar el sistema de alumbrado público en Santa Marta.
