«La persecución que antes pagaban los narco empresarios, ahora la pagan con recursos de la Alcaldía» Gobernador Martínez

La ya tensa relación entre el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, y el gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, ha escalado a nuevos niveles con un intercambio de acusaciones y críticas en la plataforma X (anteriormente Twitter).

El conflicto más reciente surgió a raíz de una propuesta del alcalde Pinedo para otorgar incentivos económicos a los policías que neutralicen delincuentes. Esta iniciativa fue duramente criticada por el gobernador Martínez, quien la calificó de «peligrosa y equivocada». En respuesta, Pinedo lanzó ataques verbales hacia el gobernador, llamándolo «corrupto, mandadero y sapo».

Desde su perfil en X y creyéndose adalid de la buena gestión, salió el otro corrupto mandadero a hablar de seguridad. No hacen ni dejan hacer”, escribió Pinedo en su cuenta.

El gobernador Rafael Martínez no se quedó atrás y respondió con contundencia. “La persecución que antes pagaban los narco empresarios financiadores de la parapolítica ahora la costean con recursos públicos de la Alcaldía de Santa Marta”, acusó Martínez, sugiriendo que los fondos municipales se utilizan para fines políticos en lugar de invertir en la ciudad.

Martínez continuó con sus críticas: “Frente a las puntuales y probadas denuncias ni Quintana ni el ilegal dieron la cara por el uso de recursos públicos, 400 millones para persecuciones políticas mientras a la ciudad ni un peso le invierten”. Estas afirmaciones apuntan a una supuesta malversación de fondos destinados a la seguridad y otros servicios públicos.

El alcalde Pinedo, firme en su postura, defendió su propuesta argumentando que busca premiar a los policías que combaten activamente las bandas delictivas en la ciudad. A pesar de sus intenciones, la iniciativa ha generado controversia y críticas tanto del gobernador como de los concejales locales, quienes advierten sobre los riesgos de incentivos mal planteados.

Este enfrentamiento en redes sociales no solo evidencia las tensiones políticas locales, sino también las diferencias en la visión sobre cómo abordar la seguridad pública en Santa Marta. Mientras el alcalde defiende medidas drásticas para apoyar a las fuerzas del orden, sus opositores cuestionan la efectividad y ética de tales incentivos.