Fernando Manuel Vergara Ortega enfrenta acusaciones por emitir resolución que comprometía pagos de Comfasucre EPS, desatando polémica administrativa y legal.
La Procuraduría General de la Nación ha dado un paso decisivo al formular cargos contra Fernando Manuel Vergara Ortega, exgerente de la ESE Centro de Salud El Roble en Sucre. Se le acusa de supuestamente emitir una resolución que excedía sus funciones y comprometía el pago de deudas de Comfasucre EPS.
Según lo manifestado por la delegada para la Economía y Hacienda, la decisión del exgerente implicaba el embargo de recursos de salud por un valor cercano a los $12 mil millones, acción realizada sin las facultades ni competencias necesarias. Este embargo, de acuerdo con las averiguaciones, incluía los fondos disponibles en las cuentas bancarias de la entidad, generando un revuelo tanto administrativo como legal.
La investigación llevada a cabo por la Procuraduría revela que durante el año 2022, Vergara Ortega pudo haber pasado por alto que el dinero embargado formaba parte de las rentas destinadas al régimen de salud, incorporadas en el Presupuesto General de la Nación. Este hecho, según el ente de control, estaba fuera del alcance de la decisión del exgerente.
Se señala que se omitió el principio de inembargabilidad, lo que posiblemente conllevó a violar el orden institucional. Además, se confirma que las Empresas Sociales del Estado (ESE) carecen de competencia para iniciar procesos coactivos contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Administradoras de Riesgos Laborales (ARP) y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
La Procuraduría ha calificado provisionalmente la actuación del exgerente como una falta grave cometida a título de culpa gravísima. Esta medida ha suscitado preocupación en el sector de la salud, cuestionando la gestión administrativa de la ESE Centro de Salud El Roble durante el mandato de Vergara Ortega.
La comunidad médica y administrativa expresa su inquietud por este caso, ya que plantea dudas sobre la legalidad y transparencia en la administración de los recursos destinados a la salud pública. Se aguarda una investigación exhaustiva por parte de las autoridades pertinentes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en este asunto.
