La Contraloría General de la República (CGR) ha lanzado una advertencia sobre posibles irregularidades financieras que involucran una suma cercana a los $5 billones en contratos ejecutados durante los últimos cuatro años en obras para desastres y calamidades en todo el país, a cargo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD).
Según el informe presentado, se ha evidenciado un aumento del 700% en la contratación de suministros de carrotanques en La Guajira, Córdoba, Bolívar y Boyacá, representando una cifra de $37 mil millones. El contralor general de la República (e), Carlos Mario Zuluaga, afirmó que estos hallazgos han sido calificados como de impacto nacional.
«Estamos atendiendo las advertencias sobre una presunta afectación de dineros públicos por la compra de carrotanques, realizadas por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría», expresó Zuluaga.
La Contraloría ha destacado que la contratación en Gestión del Riesgo parece estar concentrada en solo tres empresas, lo que levanta sospechas sobre posibles irregularidades en la adjudicación de millonarios contratos. Además, se ha observado la repetición de empresas con historial de incumplimientos, sobrecostos y violaciones a las normas contractuales.
En respuesta a estos hallazgos, la Contraloría ha anunciado la apertura de investigaciones que abordarán pérdidas superiores a los $80 mil millones solo en contratos de carrotanques, analizando sobrecostos, ejecución y funcionalidad de los proyectos de abastecimiento de agua potable en todo el país.
Además, se ha informado que se remitirán copias de las investigaciones a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación debido a la posible comisión de delitos contra la administración pública y presuntas faltas disciplinarias.
La alerta de la Contraloría también menciona presuntas irregularidades en 31 contratos del año 2023 destinados a la provisión de alimentos para damnificados por el Fenómeno de La Niña. Estos contratos fueron otorgados por los exfuncionarios Sneyder Pinilla y Olmedo López y han sido valorados en $131.812 millones.
Los contratos objeto de investigación fueron declarados de impacto nacional para ser abordados por la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, debido a su otorgamiento a empresas sin personería jurídica o cuyos objetos de constitución no se corresponden con las actividades para las que fueron contratadas.
