El gobierno del presidente Gustavo Petro se encuentra en una encrucijada política significativa, ya que varios de sus altos funcionarios, incluida la vicepresidenta Francia Márquez, y tres de sus ministros, enfrentarán mociones de censura en el Congreso. Este clima de control político y cuestionamientos no solo pone a prueba la gestión de estos funcionarios, sino que también podría tener profundas implicaciones para la estabilidad del gobierno y su capacidad para avanzar en sus proyectos claves.
El 20 de junio marca el cierre del calendario legislativo del segundo año del Congreso, lo que deja menos de un mes para que los legisladores no solo debatan proyectos importantes, sino también cumplan con su función de control político y elijan al nuevo Contralor General de la República. En este ambiente cargado, las mociones de censura contra cuatro altos funcionarios del Gobierno podrían alterar significativamente la agenda legislativa y el enfoque del Congreso.
Francia y la ejecución presupuestal
La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, deberá enfrentar una moción de censura por la baja ejecución presupuestal de su cartera. Los congresistas critican que hasta el momento la ejecución es inferior al 1%, lo que consideran una señal de incapacidad para cumplir con las metas propuestas para cerrar brechas sociales con mujeres, poblaciones vulnerables, jóvenes, comunidades afro e indígenas. Esta situación ha generado fuertes críticas, sugiriendo una falta de liderazgo y eficiencia en la gestión de los recursos destinados a estos proyectos.
La seguridad nacional
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se enfrenta a cuestionamientos sobre la creciente inseguridad y violencia en el país. Los recientes ataques en el Cauca por parte de las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, han resultado en la muerte de varios soldados y civiles. Congresistas han señalado que, en lo que va del año, se han registrado 14 masacres, 36 líderes sociales asesinados y 9 firmantes de paz muertos. Estas cifras alarmantes reflejan una situación crítica en materia de orden público, poniendo en duda la eficacia de las políticas de seguridad del actual gobierno.
Crisis energética
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, también enfrenta una moción de censura, impulsada por congresistas de la oposición, como Juan Espinal del Centro Democrático y Carolina Arbeláez de Cambio Radical. Los críticos argumentan que Camacho ha puesto en riesgo la seguridad energética del país. Señalan que la Comisión de Regulación de Energía (Creg) ha operado de manera deficiente, especialmente durante el Fenómeno de El Niño, cuando no tenía el número necesario de comisionados para tomar decisiones cruciales. Esta situación ha generado preocupaciones sobre la capacidad del país para enfrentar crisis energéticas futuras.
La salud de maestros
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, deberá responder por el manejo del sistema de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que cubre a los profesores del régimen público y a sus beneficiarios. La congresista Jennifer Pedraza ha sido una de las principales críticas, calificando la implementación del nuevo sistema de salud como un «experimento sin planificación» que ha puesto en riesgo la vida de miles de docentes. A pesar de las advertencias de congresistas, expertos y académicos, el Gobierno decidió avanzar con el plan, lo que ha llevado a una crisis en la atención médica de los maestros.
A estas mociones de censura se suma la elección del nuevo Contralor General de la República, una responsabilidad crucial que recae en el Congreso. Programada para la última semana del periodo legislativo, específicamente el 12 de junio, esta elección evaluará a diez candidatos que compiten por el cargo. La elección del Contralor es un proceso que exige una cuidadosa consideración y consenso, y se llevará a cabo en un momento de alta tensión política, lo que podría complicar aún más el panorama legislativo.
Las mociones de censura y la elección del Contralor General presentan un desafío significativo para el Gobierno de Petro. Estos procesos de control político podrían desviar la atención del Congreso de otros asuntos cruciales y ralentizar la implementación de políticas clave. Además, la necesidad de defender a varios de sus altos funcionarios podría obligar al Gobierno a destinar recursos y esfuerzos considerables para evitar la destitución de estos funcionarios, lo que podría afectar su capacidad para avanzar en otras áreas de su agenda.
Con el cierre del calendario legislativo acercándose rápidamente, el Congreso enfrenta un periodo de decisiones cruciales que definirán el rumbo de varias políticas y la estabilidad del gobierno de Gustavo Petro. Las mociones de censura no solo son un desafío directo a los ministros y a la vicepresidenta, sino que también tienen el potencial de paralizar la agenda legislativa y afectar significativamente la capacidad del Gobierno para implementar sus reformas y proyectos clave. En este ambiente tenso, el Gobierno deberá navegar cuidadosamente para asegurar la estabilidad y avanzar en su agenda política.
