De acuerdo con los últimos datos conocidos, el 50% de los afiliados al sistema de salud en Colombia está a cargo del Gobierno, esta cifra nos conduce a la clara conclusión de que por primera vez en la historia reciente, el Estado atenderá a tantas personas, no obstante esto se constituye en un motivo de preocupación para los expertos en la materia, quienes comienzan a dilucidar lo atinente a la vigilancia de este nuevo acontecimiento en el marco del complejo caso del sistema de la salud en nuestro país.
Como todos sabemos el número de afiliados que ahora estará bajo la responsabilidad directa del Gobierno se incrementó a 25,8 millones; esta es una cifra que representa el 50,4% de los usuarios registrados en todo el territorio colombiano, el que ahora se incrementará a unos 51,1 millones de personas, por lo que surge la gran expectativa en lo atinente a comprobar qué tan positivo resultará el desempeño de todas aquellas aseguradoras controladas por el Estado.
La cobertura total de la población –a juicio de expertos en el sector– es uno de los mayores logros del actual sistema de salud, sin embargo el mayor acceso ya había elevado los gastos, generando una situación de crisis financiera, por lo que ojalá no se repita aquella deplorable historia del Instituto de Seguro Social.
Todas estas circunstancias involucradas en la historia de la salud en Colombia nos conducen a la clara conclusión que el argumento de la Superintendencia de Salud a la hora de tomar el control de las EPS, precisamente ha sido la apretada situación financiera de las aseguradoras que, desde su perspectiva, implica un riesgo para la atención de los afiliados.
De acuerdo con la Contraloría General de la República, con corte a octubre de 2023, la deuda de las 16 EPS que no cumplían con indicadores de liquidez y solvencia totalizaba $3,3 billones.
Entre tanto, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral- Acemi, había señalado desde tiempo atrás que es evidente una desfinanciación en el sistema y estimó que en gran parte, esta circunstancia obedecía a la insuficiencia del monto en la Unidad de Pago por Capitación, la conocida UPC, y la demora en el desembolso de los presupuestos máximos, aportes que estarán a cargo del Gobierno.
En el caso que hoy nos ocupa la situación se mantiene con las mismas variables, es decir millones de usuarios demandando servicios con los mismos presupuestos disponibles, y es aquí donde surge la expectativa porque seguramente surgirá una diferencia consistente en que las EPS con más usuarios ahora serán controladas por el Estado.
La historia reciente del sistema de salud dice que por primera vez el Estado se hará cargo de una cantidad incalculable –hasta ahora– de usuarios como la que hoy día le otorga la toma forzosa de unas siete EPS que hacen parte de la lista de las intervenidas.
A pesar de ello durante varios años se ha hablado de la necesidad de una reforma, aduciendo que el actual sistema no cuenta con una capacidad financiera suficiente, además existen varias controversias acerca de la transparencia con que se manejan los recursos, lo que tras bambalinas se está tratando de esclarecer.
Una inquietud que se genera de todo esto consiste en quién supervisará la gestión de los agentes interventores que sustituyeron a los representantes legales y a las juntas directivas de las EPS intervenidas. Esperamos respuestas.
