El partido político busca suspender el trámite de las iniciativas legislativas hasta esclarecer supuestas irregularidades en la gestión del riesgo.
El Centro Democrático ha presentado una acción popular ante la jurisdicción contenciosa administrativa con el fin de detener el avance de las reformas sociales en el Congreso de la República. Esta medida surge en medio de acusaciones de corrupción que involucran a legisladores y funcionarios gubernamentales dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Según Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, la intención es suspender la discusión de la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma educativa y el proyecto de creación de la Empresa Colombiana de Minerales, Ecominerales, hasta que se aclaren las denuncias de corrupción.
La acción popular busca garantizar la transparencia en el proceso legislativo y proteger los intereses de los ciudadanos. Según el partido, las reformas presentan inconsistencias y carecen de aval fiscal, además de no haber considerado las observaciones técnicas de diversos actores ni las recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación.
El Centro Democrático argumenta que la suspensión de las reformas es necesaria para salvaguardar el ahorro de los colombianos, asegurar la continuidad de los servicios de salud y garantizar la igualdad de acceso a la educación y al empleo digno. Esta medida se suma al ‘plan tortuga’ implementado por la oposición en el Congreso para obstaculizar la aprobación de los proyectos de ley.
La presentación de esta acción popular refleja la creciente tensión política en el país y la lucha por el control de la agenda legislativa en un contexto marcado por acusaciones de corrupción y descontento ciudadano.
