Después de varios días de investigación, sobre la contratación que hizo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre (UNGRD), para la ejecución de las obras de mitigación en el sector de Cara de Gato, en la Mojana en estos últimos cuatro años, la Contraloría General de la República aperturó tres procesos de responsabilidad fiscal.
Dentro de esos tres procesos está el contrato de ayudas humanitarias que la UNGRD suscribió, y que los beneficiarios eran los damnificados de la Mojana, por la ruptura del río Cauca en el sector de Cara de Gato.
Aseguró el ente fiscal que hay más de 191 millones de pesos de pagos en exceso a 265 beneficiarios que recibieron esa ayuda humanitaria, lo que dio pie a que la Contraloría le abriera un proceso de responsabilidad fiscal a 17 exalcaldes del gran sector de la Mojana para el año 2021.
Según el ente de control, el pago en exceso a esos beneficiarios de medios de vida en la subregión de la Mojana, se hizo desconociendo los parámetros establecidos para su tasación, en virtud del convenio suscrito entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (FNGRD) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por $191.250.000
Se estima que los sobrecostos de esas ayudas serían por más de 28 mil millones de pesos.
Alexandra Cárdenas, jefa de Investigaciones Especiales de la Contraloría dijo que «hemos observado que los auxilios no han llegado o no llegaron en su momento a las personas correspondientes. Igual observamos algunos sobrecostos en esos auxilios humanitarios, por eso la investigación a los 17 exalcaldes que ya fueron vinculados al proceso».
Agregó la Contraloría que el total de ayudas humanitarias no entregadas se estima una lesión al patrimonio público por más de 22 mil millones de pesos.
Los otros dos procesos de responsabilidad fiscal son sobre las obras del dique en Cara de Gato, sobre esto sostuvo el ente fiscal que las obras ejecutadas para el control de las inundaciones, tras el rompimiento del río Cauca en Bermúdez, (Cara de Gato), en San Jacinto del Cauca Bolívar, carecen de funcionalidad y falta de planeación. Además, se registró un doble pago por suministro en las órdenes y por la draga hidráulica de corte y succión. La cuantía de eso fue de 28 mil millones de pesos.
Según la funcionaria de la Contraloría, hasta ahora con el contrato de Cara de Gato en el 2021 se tiene sobrecostos y presunto desvío de recursos por más de 50 mil millones de pesos. «Esto es por una sola situación, un solo contrato. Ya te digo vendrán más investigaciones», dijo la jefa.
La Contraloría también detectó que hay ausencia de soportes que den cuenta de la ejecución de los recursos girados con ocasión al cumplimiento de 116 órdenes de proveeduría, suscrita para la compra de ayudas humanitarias por parte del FNGRD y que fueron entregadas a los municipios de San Jacinto del Cauca, Magangué y Achí, en Bolívar; Ayapel, en Córdoba; Caimito, Guaranda, Majagual, San Benito Abad, Sucre, Sucre y San Marcos, en Sucre.
Por último, la Contraloría también embargó las cuentas de los presuntos responsables de las obras para el control de la inundación por el rompimiento del río Cauca. Entre ellos están funcionarios de la UNGRD y del Ministerio de agricultura, además de alcaldes de la época entre otros.
El Meridiano dialogó con los exalcaldes de San Benito Abad, Manuel Cadrazco, y el de Guaranda, Robiro Díaz, vinculados a este proceso de las ayudas humanitarias.
Cadrazo señaló que ya fue notificado por la Contraloría de ese proceso. Aclaró que nunca recibió plata de la UNGRD. «Lo que recibimos de la UNGRD, en la emergencia del chorro de Cara de Gato, fueron ayudas humanitarias consistentes en frazadas, mercados y tordillos. Esto lo compraba la Unidad y nosotros lo recibíamos en el territorio. Nosotros nos tocaba la logística. Esa la pagaba el Municipio. Se armaba un equipo interdisciplinario para entregar esas ayudas. Ahí estaba un funcionario de la Unidad. En ningún momento los recursos llegaron al Municipio o este hizo algún convenio con la Unidad. Ya la Contraloría estableció el detrimento por superior a los 24 mil millones de pesos. Ya embargó las cuentas personales de esos exalcaldes como forma preventiva. Pero yo no tengo nada que ver con eso. No tengo responsabilidad porque no recibí plata ni contraté», expresó Cadrazco.
Entre tanto, el exalcalde Díaz ratificó esa notificación, la cual dijo que la recibió en la Gerencia de la Contraloría en Sucre. «Nosotros estamos tranquilos porque nunca manejamos recursos de la Unidad. El Municipio nunca recibió un peso de ese contrato. Llegaron las ayudas ya compradas. Nosotros organizamos la logística. Asegura que el Municipio sí tiene el soporte de la entrega de esas ayudas. Nosotros únicamente prestamos el apoyo logístico».
Manuel Cadrazco, exalcalde de San Benito, y Robiro Díaz, de Guaranda.
Facsímil de las anomalías encontradas por la Contraloría en esos contratos suscritos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
