Catherine Juvinao revela más irregularidades en la UNGRD, sumando a un escándalo recurrente.
En medio de un debate de control político a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, ha revelado nuevas irregularidades que implican a la entidad y a sus exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla. Estos hallazgos se suman a un escándalo recurrente en la gestión de los recursos destinados a la prevención y mitigación de desastres en La Guajira, particularmente en la construcción de jagüeyes en la región.
Tras seis meses de investigación, Juvinao presentó tres hallazgos alarmantes. La congresista sugirió que el presidente Gustavo Petro podría no estar al tanto de estos hechos, insinuando una posible incompetencia en su administración. Según Juvinao, de un presupuesto de más de 74.984 millones de pesos asignados a cinco municipios de La Guajira, una gran parte fue destinada a Uribia sin una justificación técnica clara. Esta asignación desproporcionada ha levantado sospechas de influencias políticas en la toma de decisiones.
En su intervención, Juvinao detalló: «Gestión del Riesgo asignó más de $74.984 millones de pesos a 5 municipios de La Guajira entre ellos Uribia con más de $62.600 millones, Maicao más de $4.612 millones, Riohacha cerca de $2.300 millones, Manaure $3.638 millones y Albania con más de $1.850 millones de pesos. De los jagüeyes proyectados para Uribia solo se ha ejecutado el 12% de los contratos».
Uno de los hallazgos más impactantes, según Juvinao, fue el desvío de fondos hacia contratos ficticios y empresas fantasma. Mencionó específicamente a la empresa Intraffic SAS, encargada de la interventoría de múltiples contratos, señalada como una entidad sin experiencia ni actividad económica significativa. A pesar de ello, fue seleccionada para supervisar obras millonarias, generando serias dudas sobre la transparencia en los procesos de contratación.
El actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, se pronunció sobre las nuevas acusaciones, responsabilizando a Olmedo López de los hechos. Carrillo denunció la instrumentalización política del suministro de agua, utilizándolo como moneda de cambio en el ámbito local. También cuestionó la disposición de López para colaborar con la justicia, instándolo a revelar el origen de los fondos y los posibles beneficiarios. «Si Olmedo López quiere colaborar con la justicia, debe decir quién le dio la plata, esa plata se la dio a un contratista», afirmó Carrillo.
Estas nuevas revelaciones han generado un profundo malestar en la opinión pública, que exige una investigación exhaustiva y el esclarecimiento de los responsables. La gestión de los recursos públicos destinados a la prevención de desastres debe ser transparente y eficiente, sin espacio para la corrupción ni el clientelismo político.
