La demanda argumenta que la confidencialidad de la información afecta la participación democrática y el control ciudadano sobre las actividades del gobierno.
La Corte Constitucional ha decidido estudiar una demanda interpuesta contra la ley de Paz Total, específicamente en relación al artículo que estipula la reserva de la información generada en los llamados «Gabinetes de Paz». Estos gabinetes incluyen la participación del gabinete ministerial en asuntos relacionados con la paz, y los demandantes sostienen que la información resultante de estas reuniones debería ser de acceso público para garantizar el ejercicio de la democracia participativa.
Según los demandantes, «la entidad actora hace referencia a la jurisprudencia constitucional que ha establecido que el acceso a la información pública garantiza el ejercicio de la democracia participativa y posibilita el control ciudadano en la actividad estatal». Este acceso, afirman, es crucial para que los ciudadanos puedan monitorear y evaluar las acciones del gobierno.
Uno de los puntos clave de la demanda es que la ley no establece fechas ni plazos claros para la presentación de informes sobre los puntos discutidos en los gabinetes de paz. «La norma demandada establece la obligación de rendición de un informe ‘acerca del desarrollo de los diálogos o acercamiento’, no obstante, no se fijan reglas de plazo, periodicidad o contenido, dejando al arbitrio de la autoridad el cumplimiento de dicho mandato», señala el documento presentado ante la corte.
Los demandantes insisten en que la ley debe especificar claramente las razones por las cuales la información debe ser reservada. Argumentan que, en su forma actual, la limitación del acceso a la información es «irrazonable» y permite una amplia discrecionalidad a las autoridades administrativas. «Si la norma no contiene las condiciones precisas de la reserva de la información, limita el acceso a la misma de forma irrazonable y permite una amplia discrecionalidad de las autoridades administrativas. Por tanto, según la demandante, vulnera la garantía democrática de recibir información veraz e imparcial», según citaron los magistrados en el documento.
El despacho de la magistrada Cristina Pardo está en proceso de recolectar pronunciamientos de diversas organizaciones y entidades antes de proceder con el análisis detallado y debatir la decisión en la Sala Plena.
