Se examinan posibles anomalías en un convenio educativo valorado en más de $3.000 millones.
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una segunda investigación contra Alcira Sandoval, alcaldesa de Soledad, Atlántico, y Aida Ojeda Vega, secretaria de Educación del municipio, por presuntas irregularidades en un convenio de $3.066 millones con la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe E.U., destinado a proporcionar educación a 1.872 estudiantes becados.
Según el informe de la Procuraduría Provincial de Barranquilla, basado en una nota de prensa, el servicio educativo se estaría ofreciendo en sedes no autorizadas por la Secretaría de Educación municipal. En los documentos del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), solo una sede cuenta con la autorización para prestar estos servicios, lo que ha generado sospechas sobre el cumplimiento de los requisitos legales y habilitantes del convenio.
La investigación busca determinar si se han incumplido las normas contractuales y presupuestales al habilitar otras sedes en diferentes barrios del municipio para ofrecer los servicios educativos contemplados en el contrato. Además, se pretende verificar si se ha garantizado adecuadamente la prestación del servicio educativo a través del Banco de Oferentes a los residentes de Soledad.
En este proceso disciplinario, la Procuraduría ha solicitado la recolección de pruebas para constatar posibles conductas irregulares. Asimismo, las investigadas han sido informadas sobre los beneficios legales disponibles en caso de confesión o aceptación de cargos.
Esta nueva investigación se conoce un día después de la apertura de la primera investigación de la Procuraduría por un contrato de 2.500 millones de pesos en becas a la Institución Educativa San Judas Tadeo, cuyas sedes, según denuncias, no están en funcionamiento.
El concejal de Soledad, Bryan Orozco, ha denunciado que el municipio ha contratado a más de 50 mil estudiantes a través de pequeños colegios. Orozco afirma que la alcaldía paga 1.638.000 pesos por cada estudiante, lo que sumaría más de 82 mil millones de pesos anuales, señalando posibles irregularidades en el manejo de estos contratos educativos.
