Un grupo de más de 20 congresistas de la República, en su mayoría declarados en independencia, citaron a un debate de moción de censura al ministro de Salud y Protección Social Guillermo Alfonso Jaramillo.
De acuerdo con los parlamentarios, el debate se propone por las múltiples quejas que se han conocido por parte de docente en varias zonas del país sobre el nuevo modelo en atención de salud que comenzó a regir el primero de mayo de este año.
La determinación la confirmó la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien aseguró: “no podemos aceptar que un ministro de Salud haya permitido la puesta en marcha de un experimento sin ningún tipo de planeación ni transición, y que a pesar de las advertencias de congresistas, expertos y académicos, se haya decidido poner en riesgo la vida de miles de docentes oficiales de forma temeraria e irresponsable”, anotó.
En ese sentido, explicó que el ministro Jaramillo “hace rato renunció a la estatura y disposición de escucha con la que debe manejarse un funcionario de su nivel. Es hora de que salga de su cargo y asuma la responsabilidad política de una crisis provocada por el mismo Gobierno, y frente a la cual hubo todas las alertas”, manifestó.
Según lo explicaron los congresistas en el documento, el nuevo modelo de salud del magisterio se implementó desde el 1 de mayo a pesar de que existían múltiples advertencias sobre la inminente afectación a la prestación de servicios de salud.
“Periodistas, personas expertas en la academia, organizaciones sindicales y congresistas habíamos advertido que el nuevo modelo de salud del magisterio no estaba estructurado de manera adecuada para poder entrar en vigencia. No obstante, el gobierno nacional representado en el ministro de Salud, el ministro de Hacienda, la ministra de 3
Educacion y la presidencia de la Fiduprevisora aceptaron implementar un modelo improvisado”, consideraron.
Entre los motivos de la citación, detallaron que con anterioridad al 1 de mayo de 2024 era públicamente conocido que el nuevo modelo del magisterio no contaba con
contratación ymy suficientes prestadores de salud para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud y la materialización del derecho fundamental, especialmente no se contaba con la contratación de servicios especializados.
Así como con la contratación de un sistema robusto de auditorias o el fortalecimiento de la Adres para que desarrollara dichas actividades vitales para la vigilancia y control de los recursos públicos destinados a la garantía del derecho fundamental.
Finalmente, cuestionaron que no se contara con la contratación de un sistema informático y tecnológico que administrara las historias clínicas de más de ochocientos mil usuarios a nivel nacional.
