Informe revela la preocupante situación de seguridad que enfrentan agentes del Inpec y acciones tomadas para proteger su integridad.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha entregado a la Procuraduría un informe detallado que documenta la creciente ola de amenazas que enfrentan los dragoneantes y directores de la entidad, evidenciando una grave situación de seguridad para el personal.
Según el informe que dio a conocer un medio nacional, solo en lo que va del año 2024 se han registrado un total de 164 amenazas dirigidas contra funcionarios del Inpec, de las cuales cerca de 100 han sido formalmente reportadas a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
«Durante la vigencia 2024, a la fecha se han recibido 164 informes de amenazas, de los cuales se han reportado ante la UNP 97, en razón al cumplimiento de la totalidad de la documentación requerida», señala el documento.
El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, destaca en el informe el procedimiento establecido para informar a los agentes sobre las amenazas y los requisitos necesarios para que la UNP tome medidas de protección adecuadas.
«Es pertinente aclarar que, una vez recibidos los informes de amenazas, se procede a poner en conocimiento del presunto amenazado, los requisitos para el trámite de estudio nivel de riesgo y medidas de autoprotección, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1066 de 2015», agrega el oficio.
Además de informar a la UNP sobre las amenazas recibidas, el Inpec ha tomado medidas adicionales para garantizar la seguridad de su personal, incluyendo el traslado de más de 50 servidores públicos del instituto.
«Inpec ha materializado 55 traslados a servidores públicos del instituto, quienes han puesto en conocimiento de la entidad situaciones que atentan contra su vida e integridad, razón por la cual, para salvaguardar la vida y mitigar el riesgo de los mismos, se han adoptado de manera inmediata», añade el documento.
La respuesta del Inpec será objeto de análisis por parte de la Procuraduría, quien deberá determinar si existen omisiones por parte de los directivos del instituto que puedan dar lugar a medidas disciplinarias. La situación plantea un desafío importante en términos de seguridad laboral y protección de los derechos de los trabajadores del sistema penitenciario.
