La Supersalud exige a Fiduprevisora y Fomag corregir las barreras en la atención médica de los docentes en un plazo de 72 horas.
En respuesta a las crecientes preocupaciones de los maestros en Colombia sobre el funcionamiento del sistema de salud bajo la nueva modalidad implementada por Fiduprevisora, la Superintendencia Nacional de Salud ha emitido una medida cautelar para proteger los derechos de salud de los 820.000 docentes y sus beneficiarios. El Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, explicó en una entrevista radial que esta medida obliga a Fiduprevisora y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) a corregir todas las acciones que ponen en riesgo la salud de los maestros.
“El objetivo principal es eliminar cualquier barrera que esté afectando la adecuada atención de los pacientes, garantizando la continuidad y calidad en la prestación de servicios de salud”, afirmó Leal Angarita. La Superintendencia ha dado un plazo de 72 horas para resolver más de 2.100 casos en los que se han identificado barreras para el acceso a servicios de salud. Además, Fiduprevisora y Fomag deben informar en un plazo de cinco días sobre las medidas adoptadas para cumplir con esta orden.
El Superintendente enfatizó que no hay espacio para excusas y que las entidades deben cumplir con la orden dentro del tiempo establecido, advirtiendo que de no hacerlo, se enfrentarán a sanciones que pueden incluir multas económicas. “Hemos recibido más de 2 mil casos en los que se nos ha solicitado garantizar la prestación de los derechos fundamentales de salud”, señaló Leal.
Desde el cambio del modelo contractual en mayo, ha habido múltiples problemas y, a pesar de órdenes claras, no se han ejecutado los contratos necesarios ni se han establecido redes de atención adecuadas. A pesar de 11 requerimientos formales, Fiduprevisora y Fomag no han proporcionado respuestas satisfactorias. Leal reveló que Compensar, una de las EPS involucradas, presentó los documentos para solicitar su liquidación un mes después de su comunicado de prensa. La Superintendencia tiene hasta el 22 de mayo para evaluar si los documentos son completos y pertinentes para iniciar el proceso de liquidación, aunque hasta ahora no se ha comenzado ningún proceso debido a dudas sobre algunos documentos enviados.
El superintendente subrayó que una intervención no es un obstáculo para mejorar la calidad de la atención médica, sino una oportunidad para los beneficiarios. “Una intervención no implica un obstáculo o una barrera para mejorar la calidad de atención médica en el país. Es más, los hospitales que tienen hoy media intervención, todos han generado una mejor oportunidad y calidad de atención, y es más, están hasta formalizando talento humano en salud, que es lo que desearíamos que existiera al interior del sistema de salud”, concluyó.
