En una reciente declaración, el expresidente Álvaro Uribe expresó su preocupación por la inseguridad en todo el país. Hizo referencia a situaciones en diferentes regiones, como el Caquetá, donde se ha reportado que el ejército debilitado fortalece guardias campesinas e indígenas. Además, mencionó que comerciantes, vendedores y otros ciudadanos se sienten extorsionados en casi todo el país.
Uribe cuestionó si el gobierno puede impedir que la fuerza pública cumpla con su deber constitucional de proteger a los ciudadanos. Según él, el artículo constitucional es claro en que la fuerza pública está instituida para proteger la vida, la honra, los bienes y la familia de los ciudadanos.
El expresidente también advirtió sobre riesgos adicionales, como la posibilidad de estallidos sociales promovidos desde el gobierno y la presión para una reforma constitucional. Además, mencionó la situación con el ELN y la creciente violencia, inseguridad y narcotráfico.
En cuanto a las amenazas de cárcel a la oposición, Uribe afirmó que ninguna amenaza debe silenciar la búsqueda de un país seguro. Instó al presidente Petro a no impedir que las fuerzas armadas cumplan su deber de proteger a los colombianos.
En conclusión, el expresidente llamó a denunciar cualquier intento de socavar la seguridad y a interpretar la Constitución de manera clara y firme.
