Luego de sentencia de la Cidh
Cumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de julio de 2022, el Gobierno Nacional informó que ha expedido 54 resoluciones de pago por un valor de $4.722 millones que benefician a 77 víctimas de familiares y
víctimas directas del genocidio contra los miembros de la Unión Patriótica UP.
Según lo dio a conocer la actual administración, el proceso de pago comenzó desde el pasado 18 de abril y a finales de mayo se proyecta la entrega de $1.679 millones más para completar un total de $6.401 millones. A la fecha se han recibido 1.706 solicitudes a través del formulario web y por correo electrónico.
Cabe mencionar, que la Comisión para la identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica (UP), instalada por el presidente Gustavo Petro, determinó indemnizar a 677 víctimas directas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, desplazamiento forzado, amenaza, lesiones, tentativa de homicidio y judicialización infundada; 761 víctimas por violaciones a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, y 5.503 víctimas por graves violaciones de los derechos humanos.
En su momento, la Cidh comprobó que
la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica, la cual perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros.
Esos actos constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad. A su vez, las investigaciones sobre esos hechos de violencia no fueron efectivas y se caracterizaron por altos índices de impunidad que operaron como formas de tolerancia por parte de las autoridades frente a los mismos.
Sobre la responsabilidad internacional del Estado la Corte consideró que en la determinación de la atribución al Estado de los hechos que vulneraron las obligaciones internacionales, se superponen formas responsabilidad directa que se desprenden tanto de la participación directa de agentes estatales y de actores no estatales, en diferentes momentos de los hechos de violencia contra los integrantes y militantes de la Unión Patriótica, como de diversos mecanismos de tolerancia, aquiescencia y colaboración para que éstos sucedieran.
