El Consejo de Estado admite una demanda que pone en tela de juicio el estatus político otorgado a las disidencias de las FARC conocidas como la ‘Segunda Marquetalia’.
La máxima autoridad judicial administrativa en Colombia, el Consejo de Estado, ha admitido una demanda que impugna la normativa que confiere estatus político al autodenominado grupo de las disidencias de las FARC, identificado como la «Segunda Marquetalia».
Andrés Caro, cofundador de la Fundación para el Estado de Derecho, detalló que el pasado 19 de marzo presentó una demanda de nulidad simple contra la Resolución No. 64 de 2024, la cual ha sido aceptada por el Consejo de Estado.
Según Caro, el objetivo de la demanda es invalidar la actuación gubernamental en este asunto. «El acuerdo final para la terminación del conflicto armado con dicho grupo guerrillero en el 2016, suscrito entre el Estado colombiano y las extintas FARC, prohíbe volver a adelantar negociaciones, debido a que los desmovilizados volvieron a delinquir», afirmó.
El acuerdo establece que los excombatientes deben cumplir con sus compromisos, so pena de aplicar la regla constitucional que prohíbe nuevas negociaciones de paz con el Estado.
Para Caro, esta demanda es el resultado del incumplimiento del acuerdo, el cual está consagrado en la Constitución y fue ratificado por el Congreso en la ley de paz total de 2022.
El activista considera que el Gobierno Nacional debe respetar las prohibiciones constitucionales y legales, por lo que no puede otorgar un estatus político a este grupo para negociar un acuerdo de paz.
«La respuesta del Gobierno fue insuficiente ante el anuncio de algunos dirigentes de la Segunda Marquetalia de regresar a las actividades criminales, faltando de forma grave lo acordado y retornando a la violación de los derechos humanos, las garantías y las libertades de los colombianos», enfatizó Caro.
La ley de paz total establece que estas estructuras deben ser consideradas como organizaciones criminales de alto impacto, por lo que se deben tomar medidas para su sometimiento a la justicia y su desmantelamiento.
