DESDE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE HACE UN SIGLO AL DESASTROZO AIR-E
Tanto las generadoras de energías como distribuidoras y comercializadoras, verdaderas “Cuevas de Rolando”. Petro ofreció rápida solución, pero los “tigres –privados- no son como los pintan”, son peores; si el Presidente resuelve, sube al pedestal de la historia.
Por Carlos Ramos Maldonado
El presidente Gustavo Petro podría poner definitivamente el dedo en la putrefacta llaga (casi una gangrena o cáncer terminal) que genera el negocio privado de suministro de energía eléctrica a los empobrecidos hogares del Caribe colombiano, si sus promesas discursivas también consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo, aunque no muy precisas, se reflejaran ciertamente en la disminución de las tarifas, por un lado, ya sea mediante la asunción por parte del Estado de alguna deuda de los usuarios o por refinanciación a largo plazo, y, por el otro, si implementa prontamente el programa de paneles solares en los hogares y/o vecindades.
En su reciente gira por las principales capitales costeñas, en el desarrollo del proyecto el Gobierno Escucha, el primer mandatario de los colombianos y otros personajes, algunos no tan santos, se refirieron a varios factores que influyen en el creciente costo de energía:
– La diferencia de precios de producción entre fuentes renovables (energías limpias) y no renovables (térmicas, que forman emisiones de CO2).
– La inflación que impacta en cada fase del proceso entre generación, transmisión, distribución y comercialización de energía.
– El modelo privado o público del suministro en todas sus etapas. ¿Quién se beneficia?
– Las pérdidas de energía, los robos y los retrasos en los pagos de las facturaciones.
– Las innovaciones, renovaciones y mantenimiento en todo el Sistema.
– La deuda asociada a la Opción Tarifaria (para reducir las tarifas eléctricas) congelada y acumulada durante la Pandemia.
– Los sobrecostos no declarados por los prestadores, que requieren auditoría forense.
– La falta de cultura para reducir el consumo doméstico.
Recibo secuencial ascendente con el valor de tres meses en una vivienda del barrio Cevillar (Barranquilla), estrato 3
Soluciones a la deuda de los usuarios
Una fórmula para reducir la facturación corresponde al Estado, negociando la deuda de Opción Tarifaria, que se promedia entre la bicoca de 5 a 7 billones de pesos –lo que requiere cálculo actuarial-, y que la pasada administración de Iván Duque se había comprometido a subsidiar para las familias más pobres, por lo que está legalizada en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que aparecía escondida para trasladarla posteriormente a los usuarios, como en efecto ocurre ahora. Por este motivo, fue que se dio el regaño público del presidente Petro a su ministro de Minas y Energía, Omar Camacho, la semana pasada en el colegio Evardo Turizo del barrio La Esmeralda, pues este último insistía en una refinanciación a largo plazo para los consumidores.
-No se puede –dijo Gustavo Francisco. “Es como pagar la comida con una tarjeta de crédito”.
Allí, y más tarde en el colegio Marco Fidel Suárez del barrio La Magdalena, el mismo Presidente insistió en que la deuda de energía debe titularizarse, convirtiéndola así en compromiso público de la Nación. “Nos toca sincerar esa deuda”, añadió.
Para el economista versado en energía eléctrica, por su docencia universitaria y los más de 20 años en el sector energético, Rafael Vergara Carbó, se debe comenzar por eliminar las Resoluciones de la GREG que trasladan a los usuarios fieles en el pago de sus tarifas las pérdidas no técnicas, el robo de energía y las facturas pendientes impagables.
Sobre el porcentaje de disminución del valor de la facturación de energía, si se logra cumplir este compromiso público, tampoco hay certeza, pues se notan diferencias de cálculos entre los expertos, por lo que se habla de entre el 5 y el 20%, lo que obliga a una intervención más acuciosa del gobierno para defender los bolsillos de los usuarios, especialmente los más pobres, que gastan menos energía eléctrica, pero terminan pagando más.
Sin embargo, el mismo MinMinas ha propuesto entonces que sean los mismos generadores y transmisores los que asuman esa deuda, o parte de ella. Aunque los gremios del sector, de manera aun más atrevida y perversa, han pretendido plantear que la Nación asuma, incluso, el pago de la cartera vieja de los usuarios y el factor de pérdida y robo de energía.
Pero, para reflexión quedó la descarada propuesta de los mandatarios regionales y una bancada de congresistas en su encuentro de Cartagena en enero de este año “Comemos o pagamos la luz”, cuando reclamaban mejores tarifas para la Costa, pidiendo que el Gobierno Nacional les entregue las acciones que tienen las empresas oficiales en Urrá y Gaselca, pero también reclamando al Estado el pago de la deuda que tienen los usuarios a los oligopolios privados, fortaleciéndolos, recordando, además, que en el tránsito entre Electricaribe y las empresas privadas la infraestructura se deterioró, ocultando a propósito que una causa de ese detrimento fue el cambio del cableado de cobre por aluminio, convirtiéndose extrañamente el Departamento del Atlántico, por ejemplo, en el principal exportador de cobre del país, sin conocer en su historia alguna minita de ese mineral en su territorio.
De lo privado a lo público, y a lo privado
La historia de auge y saqueó del sistema de energía eléctrica en Barranquilla y el Atlántico comienza en 1957 cuando se crea Electranta como ente público diseñado a finales de la dictadura del general Rojas Pinilla, pero constituida el 21 de septiembre de ese mismo año, para asumir el manejo del servicio eléctrico en todas sus fases y en reemplazo de la Compañía de Energía Eléctrica de Barranquilla, la estadounidense Electric Bond and Share Company y la Compañía Colombiana de Electricidad. La primera empresa de servicios públicos en Colombia fue precisamente las Empresas Públicas de Barranquilla (acueducto y energía eléctrica), creada el 20 de agosto de 1925 mediante un crédito de US$5 millones a la Central Trust Company of Illinois, que tenía “el ojo de Parrish &Cia.”, aunque ya la Ciudad contaba con alumbrado público eléctrico desde 1892, que reemplazaba a las nostálgicas lámparas de petróleo.
Leer “Historia del sector eléctrico colombiano”: https://n9.cl/4f38w, https://n9.cl/0j2ls y https://n9.cl/2hj4n
Para comprender mejor la secuencia de las crisis financieras de las empresas privadas prestadoras del servicio de energía, hay que remontarse a las Constitución de 1991, principalmente su artículo 60, que permite transferir a terceros la propiedad accionaria del Estado, lo que dejó abierta la puerta para que negociantes privados participaran en la prestación de los servicios públicos (aplicación de la teoría neoliberal), mandato que después se desarrolló mediante las leyes 142 y 143 de 1994, y la ley 226 de 1995. Este nuevo esquema reducía la función del Estado en cuanto a la prestación de los servicios públicos solo al encargo de planeación, regulación y supervisión de la gestión privada, ya que hasta el de “control” quedó ambiguo.
Con este campo abonado, el mismo poder público asfixió a las empresas estatales por su precaria situación fiscal con el supuesto negativo del asistencialismo y la no rentabilidad para facilitar así el acceso a la SuperServicios de esos tiempos con la finalidad de aceptar las acciones privadas como tabla salvadora para capitalizar y optimizar la cobertura y calidad de los servicios públicos. Fue realmente un cobtubernio políticos/funcionarios/trabajadores (porque nadie se puede escapar) que comenzó en efecto cuando la Comisión Nacional de Energía autorizó desde un origen privado los proyectos termoeléctricos en Mamonal, más Termoflores, Tebsa y Termorío, reemplazando esta última a la planta El Río de la Electrificadora del Atlántico. Igual, en sociedad con Electranta (49% de las acciones) Termorío montó la subsidiaria comercial Electricom, cuya tarea fue la de encargarse del mercado de usuarios atendiendo la instalación de contadores, la lectura, la facturación y el cobro. Esta fue la génesis del verdadero saqueo.
Pregunta: ¿Quién se acuerda de los «barcos de La Luz» en el puerto de Barranquilla?
Pero, para Electranta los indicadores de gestión llegaron al piso, asumiendo, incluso, en la torta pública el porcentaje detrimental de los privados, que, en conjunto, correspondían a pérdida de energía, cartera morosa impagable y leoninas convenciones laborales, aun también el desequilibrio socioeconómico de los consumidores, pues mientras los estratos 1, 2 y 3 representaban el 85% de los usuarios, los estratos 4, 5 y 6, comercial e industrial correspondían apenas al 15%, siendo que los segundos asumían el 85% de la facturación. Fue entonces en 1996 cuando el gerente de Electranta Antonio Holguín sacó el as del demonio, cedió a la privada Coenergía S.A. la producción y distribución de energía a los estratos altos, comercial e industrial, dejando el hueso a Electranta. Más allá, Coenergía S.A. creó Termorío S.A. E.P.S. ganando una licitación que proveía de energía por 20 años al cascarón de Electranta, subsidiada por la Nación, figurando Antonio Holguín al mismo tiempo como miembro de la junta directiva de esta última empresa.
Entonces, todos entraron a la Cueva de Rolando, de donde todavía no salen.
