No hay que negar que durante muchos años Colombia ha buscado de manera incesante encontrar caminos para conseguir una paz estable y duradera –supremo bien jurídico en cualquier sociedad del mundo– afectada principalmente por organizaciones guerrilleras.
Desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, casi todos los Gobiernos –como solía decirse– han tendido un puente a través de múltiples leyes de amnistía e indulto, por cierto con un alto componente de impunidad.
Como se recordará, en plena confrontación Liberal-Conservadora, en el año 1953 Gustavo Rojas Pinilla expidió un amplio decreto de amnistía que comprendía tanto a guerrilleros –en su mayoría liberales– como a los agentes del Estado que se hubieran excedido en su defensa.
Durante el Frente Nacional, Alberto Lleras expidió otra ley en igual sentido y Alfonso López Michelsen llevó a cabo aproximaciones; Julio César Turbay Ayala confrontó por la vía militar a las guerrillas, pero buscó también la paz y creó una comisión para tal fin.
De manera audaz, Belisario Betancur llegó a acuerdos –con tregua y cese del fuego incluido– con la entonces poderosa Coordinadora Nacional Guerrillera, generosamente sacó de las cárceles a los guerrilleros del M-19 que estaban presos por delitos políticos; las alegadas violaciones de la tregua por el M-19 dieron lugar al tristemente recordado holocausto del Palacio de Justicia.
Virgilio Barco retomó el camino de las negociaciones y en marzo de 1990 firmó un exitoso acuerdo de paz con el M-19, sin dejar de buscar la paz con las otras guerrillas.
César Gaviria siguió la ruta y en medio de la euforia de la Constituyente pudo desarmar al EPL, el PRT y el Quintín Lame, entre otros.
Ernesto Samper Pizano también buscó solucionar de manera negociada al conflicto armado e hizo aprobar la Ley 418 de 1997, actual marco jurídico para las negociaciones de paz. Andrés Pastrana, para poner fin a la guerra y con el apoyo ciudadano, hizo lo posible con el proceso del Caguán, incluyendo toda clase de concesiones.
Álvaro Uribe Vélez también tuvo Comisionados de Paz y en medio de la política de confrontación abierta ofreció caminos de diálogo, entre ellos el que terminó en la desmovilización de las AUC; Juan Manuel Santos con todo y las dificultades, pudo desarmar con su proceso a la guerrilla más antigua y poderosa de Colombia como lo es la Farc.
En la actualidad, el presidente Gustavo Petro ha lanzado su audaz pero arriesgada idea de la Paz Total, que por primera vez no solo abarca a las guerrillas con objetivos políticos, sino a toda clase de organizaciones delincuenciales, incluidas las claramente asociadas al narcotráfico.
Decretó un cese del fuego bilateral, sin precisiones sobre su ejecución y todo apunta, sin consultar a las Fuerzas Militares y al parecer ni al ELN, que en cuestión de horas lo desautorizó.
Quiso también liberar a centenares de jóvenes de la llamada Primera Línea, procesados o condenados por fiscales y jueces, en algunos casos por homicidio y torturas; ya dos jueces se han negado a cumplir las órdenes de liberación.
Y más recientemente, le pidió al entonces Fiscal Francisco Barbosa –con fundamento en un Decreto de discutible constitucionalidad– que levantara las órdenes de captura contra integrantes del ‘Clan del Golfo’ y de las Autodefensas ‘Conquistadores de la Sierra’. Con base en un documento preparado por la vicefiscal Martha Janeth Mancera, que demostrara que no se trata de delincuentes políticos, como se recordará el jefe del ente acusador de la época se abstuvo, en decisión responsable de cumplir la “orden” presidencial.
Y en eso estamos, en la consolidación de una paz estable y duradera, pero que por el momento sigue esquiva.
