Tribunal inadmite recurso debido a falta de documentación; otorgado plazo de tres días para corrección.
El Consejo de Estado decidió rechazar provisionalmente la demanda que solicitaba anular el nombramiento de Carlos Carrillo como director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, alegando que no cuenta con la experiencia necesaria para el cargo.
La decisión del tribunal de no estudiar inmediatamente la acción se debió a que el demandante, Andrés Pineda, no adjuntó el documento de soporte de la publicación del acto de nombramiento. Como resultado, el tribunal inadmitió el recurso.
«Si bien, en el caso estudio, el señor Pineda aportó el acto demandado, esto es, el Decreto 325 de 2024, no se allegó la constancia de publicación o notificación de este. Por consiguiente, se inadmitirá la demanda con el fin de que el actor corrija el yerro antes señalado», señala uno de los apartes de la decisión.
El tribunal otorgó un plazo de tres días para que el demandante corrija el error y remita el documento faltante, para así poder iniciar el proceso de estudio de la demanda. «CONCEDER al demandante el término de tres (3) días para que subsane los defectos advertidos, según lo dispuesto en el artículo 276 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, so pena del rechazo de la demanda», añadió el auto.
La demanda fue presentada por Andrés Pineda, quien fue candidato al Concejo de Medellín en 2023 por el partido Independientes, liderado por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y que recientemente perdió su personería jurídica.
Pineda argumenta que Carlos Carrillo no cumple con los requisitos de experiencia necesarios para ser director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, señalando que su experiencia se limita a su rol como concejal de Bogotá, sin haber desempeñado cargos directivos similares.
En su demanda, el excandidato también solicitó medidas cautelares para que el Consejo de Estado aparte a Carrillo provisionalmente del cargo mientras se estudia el caso, argumentando que el tiempo que podría tomar el proceso judicial podría poner en riesgo los programas de Gestión del Riesgo.
