La Procuraduría General de la Nación ha solicitado al gobernador del Magdalena, así como a los alcaldes y personeros de Ciénaga, Aracataca, Zona Bananera y Fundación, tomar medidas urgentes frente a la creciente violencia en la región. Esta petición también se extiende a la Fuerza Pública, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Unidad para las Víctimas.
La comunicación, enviada por la Procuradora Regional de Instrucción de Magdalena, resalta la necesidad de acciones articuladas para proteger y atender a las comunidades del corregimiento de Palmor, en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Los enfrentamientos entre los grupos ilegales Pachencas y el Clan del Golfo han provocado un aumento en el desplazamiento de las comunidades locales.
El Ministerio Público ha recomendado la adopción de planes de contingencia y rutas de protección, prevención y asistencia para garantizar los derechos, especialmente la vida e integridad, de las comunidades afectadas. Estas medidas son esenciales para abordar los desplazamientos actuales y futuros derivados del conflicto.
Hasta el momento, se ha registrado el desplazamiento de 54 personas de 13 familias que han llegado al corregimiento de Palmor, en Ciénaga, para entregar sus declaraciones y acceder a las ayudas de emergencia disponibles. Sin embargo, se anticipa que esta cifra aumentará si continúan los enfrentamientos.
La Procuraduría insta a las autoridades a actuar con prontitud para mitigar el impacto de la violencia y brindar la protección necesaria a las comunidades vulnerables.
