Indiscutiblemente los niveles de inseguridad en nuestra ciudad son alarmantes, tal como quedó evidenciado por la última encuesta, según la cual la mayoría de los encuestados se sienten atemorizados por el accionar de la delincuencia común y los niveles de inseguridad percibida son alarmantes, porque van de la mano con la realidad que vive Barranquilla y su Área Metropolitana.
La reciente propuesta surgida de un numeroso grupo de comerciantes de Barranquilla en el sentido de que existe la necesidad de armarse para protegerse de la arremetida de la ola delincuencial que los azota, puede catalogarse como la demostración de la desesperación que los agobia, debido al sinnúmero de hechos violentos que han acaecido en los últimos días y en los cuales ellos –los tenderos– han sido los objetivos preferidos de los malhechores que los tienen prácticamente acorralados.
A propósito de tal pronunciamiento, la Asociación de Pequeños Comerciantes, que agrupa a más de 8.000 tenderos de Barranquilla y el Atlántico, se mostró en desacuerdo con la iniciativa de armarse para enfrentar a la delincuencia, advirtiendo que, para contrarrestar el flagelo de la inseguridad esa no es la solución, ya que generaría mucha más violencia.
A propósito, igualmente otros sectores de la ciudadanía se expresaron en desacuerdo con que se avale el porte de arma de fuego a los comerciantes, sino que más bien aseveraron que lo más urgente ahora es el desarme a los delincuentes.
Hay que tener en cuenta que el monopolio de las armas por parte del Estado constituye una de las cláusulas fundamentales de la Constitución Nacional de nuestra República de Colombia. Lo cierto es que mientras este precepto constitucional no se consolide y no exista una clara política pública al respecto, seguiremos sufriendo la violencia como la peor tragedia que durante décadas tras décadas se ha venido presentando en nuestro país.
Lo cierto es que casi nunca se hace un cálculo respecto a cuánto es el armamento que circula ilegalmente por todo el territorio colombiano, pero sí es evidente que un gran conglomerado de la población permanece armado, no como acicate de la legítima defensa, sino como un mecanismo ofensivo contra las gentes de bien, por lo que consideramos de mucha urgencia la recuperación de la noción de esa exclusividad por parte de nuestro Estado Social de Derecho.
Para nuestro concepto es ahí donde se origina el núcleo de los problemas de orden público, por lo que se debería tener la suficiente fuerza coactiva legal para reprimir a aquellos que portan las armas como algo común y corriente y lo catalogan como parte de la idiosincrasia de los colombianos.
Eso significa que todo aquel que porta o pretende portar un arma de uso civil, bien sea para la defensa personal, desarrollar una actividad recreativa o sólo con el ánimo de coleccionarla, está obligado a solicitar el respectivo permiso al Ministerio de Defensa.
Como hemos venido comentando en este mismo espacio editorial, la mayoría de los hechos sangrientos que se cometen en Barranquilla y el resto del país, tienen ocurrencia con el accionar de armas de fuego, lo que claramente refleja el fácil acceso que está teniendo la delincuencia para obtener estos artefactos y el posible comercio ilegal que se viene produciendo, caso en el cual Barranquilla y su área metropolitana no quedan eximidas, un fehaciente ejemplo de esto es el arsenal incautado ayer en Los Alpes.
