Por Orlando Andrade Gallardo
Las grandes preocupaciones y males nacionales acrecentándose en las últimas décadas, son las desigualdades sociales, impunidad y la reina de todas, corrupción, fenómenos de marcada trascendencia en la vida pública y social del país. Las desigualdades sociales generadas por la concentración económica en unos pocos, que a cualquier precio tratan de conseguir el poder político para completar el binomio que tiene amarrada a la sociedad colombiana sin brindarles oportunidad a quienes no obedecen sus órdenes, creando una gran brecha social. La impunidad es otra lacra que tiene invadido todo el territorio por causa del control que poseen los poderosos de no aceptar sus errores e invierten grandes cantidades de dinero e influencia para no ser juzgados y condenados por delitos y crímenes debidamente comprobados. La corrupción, la madre de todos los males, la fea práctica enraizada en las instituciones, no tiene compasión en saquear los dineros públicos destinados a los pobres y el programa PAE, es una vergüenza nacional.
Este es el pasado, presente y futuro del país que desde siempre han tratado de cambiar y no lo han logrado por las radicales y sectarias políticas públicas de quienes han gobernado durante décadas y parte del siglo. Lo crítico y triste del problema, es que en un Estado de Opinión, pensar diferente a los gamonales y los clanes que se consideran dueños del país, y opinar distinto, es el delito más grave, inmediatamente caen como buitres a defender su presa, saboteando y tratar de ablandar a su oponente para que retroceda y no permitirle avanzar. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, sino la pura verdad. En estas formas de gobernar, es común que los estrados judiciales sean reemplazados por los medios de comunicación masivos y sus investigaciones más creíbles que las de los jueces; en conclusión, los comunicadores acusan a los ciudadanos que no son de su agrado, fomentando la impunidad. Es así que el poder de impartir justicia queda en la voz de quienes tienen la capacidad de movilizar las masas, parecidas al linchamiento y el golpe blando que ha hecho carrera en democracias débiles, pero en Colombia debemos atajarla y no dejarnos mancillar. La nueva práctica macabra para destruir y masacrar a su adversario político, consiste en menoscabar y desacreditar al gobierno y el Estado por inercia sea regulado por las mayorías agrupándolo en uno solo y quien no está con ellos queda por fuera del gueto. En estas condiciones la meritocracia se mide por los afectos, cercanía o alienación con la opinión del líder, generalmente con mucho poder por su condición de exmandatario e ignora la capacidad de profesionales que conocen bien el sistema. Otras contradicciones que se presentan en la propuesta de los enemigos de Petro, es declarar conciliable los delitos de lesa humanidad y el narcotráfico como delito mayor, lo que conllevaría a la impunidad. En cuanto al problema de la corrupción podemos confirmar que es la matriz del mal en la mayoría de las democracias y Colombia se encuentra en los primeros lugares, el ejemplo más evidente fue el caso Odebreth, donde sucedió de todo lo malo y no ha pasado nada aun.
En los cargos más importantes para ejercer el control de los delitos, han pasado personajes de todos los colores políticos que garantizaban una buena gestión, pero la complejidad de los problemas que se presentan en el país, finalizan cuestionados y criticados por los personajes de siempre, los que pretenden apoderarse del poder político y económico de la nación, cuando no les obedecen y acusan de algo. No es extraño que un joven se presente a una prueba para ingresar a una universidad pública, obtenga buen puntaje y no ingrese, un profesional idóneo aspire un cargo público, o un aspirante a lograr un subsidio de vivienda, si no tiene influencia política y dinero, no lo tienen en cuenta. Esto es calificado como desigualdad social y es justamente lo que nuestra vicepresidenta tratará de minimizar y abolir por medio de su Ministerio de la Igualdad; esta otra fea práctica que padecen los colombianos que no militan en la política y carecen de recursos económicos, son los ciudadanos de quinta y desplazados. Es seguro que en las altas Cortes, especialmente la Constitucional, se encuentren los mejores juristas y hombres de leyes del país, pero es necesario que estas doctrinas vayan aparejadas con sabidurías humanistas, necesarias para poder legislar. Desde la calle opinamos que las propuestas del gobierno del cambio en ayudar a la sufrida comunidad del departamento de La Guajira y crear el ministerio de la Igualdad, son causas progresistas y nobles, pero infortunadamente derogadas por la CC.
