La UE se prepara para adoptar un nuevo pacto migratorio, generando diversas reacciones en medio de debates sobre su viabilidad y legalidad.
Después de años de arduas negociaciones y en medio de la sombra de la crisis migratoria del 2015, la Unión Europea se encuentra al borde de implementar un renovado pacto sobre migración y asilo. Este acuerdo, que ha generado tanto apoyo como críticas, está siendo ultimado por los ministros de la UE reunidos en Bruselas, y podría significar un cambio significativo en la política migratoria del bloque.
El nuevo pacto, recientemente respaldado por el Parlamento Europeo, propone la creación de centros fronterizos para albergar a inmigrantes irregulares durante el proceso de solicitud de asilo, con el objetivo de agilizar las deportaciones de aquellos considerados inadmisibles.
Una de las disposiciones más controversiales del pacto es la demanda de que todos los estados miembros compartan la responsabilidad de acoger a solicitantes de asilo, ofreciendo alivio a países como Italia y Grecia, o proporcionando apoyo financiero a aquellos que opten por no recibir directamente a los migrantes.
Sin embargo, esta propuesta no ha estado exenta de críticas. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha cuestionado el sistema, argumentando que impone cargas desproporcionadas a ciertos países. Mientras tanto, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación de que el pacto pueda resultar en un mayor sufrimiento humano, especialmente para los migrantes en los centros fronterizos y durante el proceso de deportación.
Paralelamente, algunos países exploran alternativas, como la posibilidad de establecer acuerdos con naciones fuera de la UE para procesar solicitudes de asilo. Italia, por ejemplo, ya ha pactado con Albania para manejar las solicitudes de asilo de migrantes rescatados en aguas italianas.
A pesar de estas iniciativas, expertos como Camille Le Coz del Migration Policy Institute Europe han expresado dudas sobre la viabilidad y legalidad de estos acuerdos, señalando que la legislación de la UE establece condiciones estrictas para el envío de migrantes a terceros países.
