Expertos dividen opiniones sobre si el Consejo Nacional Electoral puede imponer sanciones administrativas al presidente colombiano por presuntas irregularidades en financiación de campaña.
En medio de un intenso debate político, los sectores del país continúan evaluando la viabilidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) asuma directamente la investigación sobre las posibles irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro y otros miembros de su equipo, o si, por el contrario, debe derivar el proceso a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
La discusión se ha intensificado luego de que algunos magistrados del CNE presentaran una ponencia solicitando la formulación de pliego de cargos contra el mandatario y miembros de su campaña por supuestas inconsistencias financieras.
El exregistrador delegado para asuntos electorales, Alfonso Portela, aboga por enviar el caso a la Comisión de Acusación, afirmando que «el proceso se separa y en manos del CNE quedaría el gerente de la campaña, el tesorero y el auditor de la misma, pero en lo que respecta al mandatario pasa a la Comisión de Acusación por el fuero especial que tiene».
Sin embargo, el abogado Hollman Ibáñez sostiene una postura diferente, argumentando que el CNE sí tiene la competencia para investigar y sancionar administrativamente al presidente Petro, ya que su fuero solo aplica en casos de índole penal.
Por su parte, el exmagistrado del CNE Pedro Felipe Gutiérrez sugiere que la decisión final debería estar sujeta a la aprobación de la sala plena del tribunal electoral. Según Gutiérrez, «el presidente de la República es competente para determinar si en una campaña electoral se violaron las cuantías máximas», aunque reconoce que, en caso de confirmarse las irregularidades, el caso debería trasladarse a la Comisión de Acusación.
En contraste con estas opiniones, el Gobierno, representado por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, insiste en que una autoridad administrativa no puede indagar directamente al presidente, respaldando así la idea de enviar el expediente a la Comisión de Acusación.
El debate sigue abierto y se espera una decisión definitiva por parte del Consejo Nacional Electoral en los próximos días.
