Ratifican condena contra coroneles retirados por caso de prostitución forzada a cadetes

El Tribunal Superior de Bogotá ha confirmado la condena de 10 años y 6 meses de prisión, junto con una multa superior a los 240 millones de pesos, impuesta a los coroneles retirados Jerson Jair Castellanos Soto y Wilmer Torres Orjuela. Esta sentencia es el resultado de su participación en el caso de obligar a cadetes a prostituirse, dentro del contexto del escándalo conocido como la ‘Comunidad del Anillo’.

La decisión del Tribunal se basa en la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía, las cuales, según el fallo, no han sido desvirtuadas por la defensa de los acusados. Estas pruebas han logrado demostrar la comisión del delito y la responsabilidad de los procesados en los hechos ocurridos en la Escuela General Santander.

El Tribunal destacó que las declaraciones de las víctimas fueron cruciales para el proceso, evidenciando la veracidad de los abusos sufridos mientras eran cadetes en la institución. Tanto las víctimas como los oficiales denunciantes coincidieron en el trato discriminatorio y las consecuencias negativas que sufrieron tras denunciar estos hechos.

Según la Fiscalía, el coronel Castellanos utilizaba su posición para contactar a jóvenes cadetes, ganarse su confianza con regalos y luego inducirlos a participar en actividades sexuales. Las víctimas, siendo subordinados jerárquicos, se vieron obligadas a obedecer a los procesados, independientemente de su condición de superiores.

El modus operandi implicaba a ambos coroneles retirados, con el mayor Torres facilitando las salidas de los cadetes de la escuela para que se encontraran con el coronel Castellanos. Este último, según el expediente, ofrecía dinero y otros beneficios a cambio de favores sexuales, llegando incluso a amenazar la carrera policial de aquellos que se negaran.

El Tribunal reafirmó que estas acciones constituyen una clara violación de los derechos de los cadetes y un abuso de poder por parte de los acusados. La sentencia ratificada busca hacer justicia y enviar un mensaje claro de rechazo a este tipo de conductas dentro de las fuerzas de seguridad del país.