Nuevamente, el presidente de la República Gustavo Petro Urrego se pronunció luego de que se conociera que en el CNE se presentó una ponencia que propone pliego de cargos por supuestas irregularidades en la campaña que lo llevó a la Presidencia de la República en el 2022.
En esta ocasión, el jefe de Estado fue enfático en señalar que el Consejo Nacional Electoral “no es una autoridad judicial, sino una autoridad administrativa que busca vulnerar los derechos políticos de más de once millones de electores”, cuestionó.
Así mismo, explicó que el presidente sólo es juzgable por el Congreso y los derechos políticos sólo se pierden por sentencia de juez penal, detallando que es lo que se consigna en la Constitución de Colombia.
Frente al anuncio del CNE, la primera autoridad también minvitó a la sociedad civil a rodear su administración: “millones de colombianos tienen que salir a las calles, pido, solicito, independientemente de lo que pase conmigo, rodear pacíficamente los centros del poder en Colombia hasta que se restablezca el orden constitucional en este país”, expresó.
De igual forma, señaló que estamos ante una “arbitrariedad”, ya que una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. “Es una abierta ruptura constitucional. Se responde es con la fuerza del pueblo”, anotó.
Asi mismo, invitó a todas las instancias del Pacto Histórico a reunión y a las “fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular. La democracia entra en emergencia”, expresó en su momento.
COMILLÓN: CNE se pronunció
En las últimas horas, y luego de la avalancha de comentarios divididos, el CNE se pronunció por los comentarios del jefe de Estado, asegurando:”el Consejo Nacional Electoral rechaza de manera categórica las declaraciones recientes del presidente de la República Gustavo Petro, a propósito de la investigación administrativa que adelanta este cuerpo colegiado”.
Según el órgano electoral, las actuaciones a cargo de dicha autoridad electoral se desarrollan en virtud de las competencias otorgadas por la Constitución Política y las Leyes 130 de 1994, 996 de 2005, 1475 de 2011, así como la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
“Las graves declaraciones contra los miembros de esta corporación quebrantan el normal funcionamiento del sistema democrático y ponen en riesgo a quienes están a cargo de tomar las decisiones en cumplimiento de sus funciones”, explicaron.
De igual forma, señalaron que se afecta la “democracia cuando quien está llamado a garantizar la unidad nacional y la estabilidad institucional descalifica las actuaciones de las autoridades debidamente constituidas”, puntualizaron.
