La investigación se centra en presuntas irregularidades en la asignación del contrato para la pavimentación de vías en Miranda (Cauca), por más de $7.000 millones.
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación contra Emilio Archila, exalto consejero presidencial para la Consolidación y Estabilización, por supuestas anomalías en un proyecto de pavimentación de vías en Miranda (Cauca), financiado con recursos de regalías por un monto superior a los $7.000 millones.
Según el ente investigador, la indagación se enfoca en las posibles irregularidades relacionadas con la asignación del contrato para dicho proyecto. Se señala que el Órgano Colegiado de Decisión (OCAD) Paz habría designado como ejecutor del mismo al Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Social y la Gestión Social, a pesar de que no contaba con las capacidades necesarias para llevar a cabo la obra.
De acuerdo con la delegada de la Procuraduría encargada del caso, «al parecer el contratista no contaba con la experiencia, capacidad administrativa y técnica para ejecutar proyectos de infraestructura vial, además de presentar un bajísimo índice de gestión de proyecto de regalías».
Asimismo, se ha destacado que el fondo seleccionado como ejecutor del proyecto mostraba un deficiente índice de gestión en los proyectos financiados con recursos de la regalía que estaban bajo su cargo, lo que hacía inviable su designación como contratista.
Entre los funcionarios que serán investigados en relación con este caso se encuentran el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, y el exalcalde de La Paz (Cesar), Martín Guillermo Zuleta Mieles, así como todos los miembros del OCAD Paz.
La Procuraduría ha solicitado a la Alcaldía Municipal de Miranda (Cauca) que entregue un informe detallado del estudio previo realizado al Fondo Mixto, así como los certificados que respalden las razones técnicas y de experiencia presentadas por el fondo ante el OCAD Paz para su selección como ejecutor del proyecto vial.
Además, se ha requerido al Fondo Mixto que certifique las cualidades técnicas con las que contaba al momento de ser considerado para el contrato, así como que proporcione las hojas de vida del personal, incluyendo ingenieros y arquitectos, que estarían a cargo de cumplir con los compromisos del contrato.
La investigación de la Procuraduría busca determinar si hubo irregularidades en la adjudicación de este contrato, con el objetivo de establecer posibles responsabilidades disciplinarias de funcionarios públicos involucrados en el proceso.
