Por ERWIN LECHUGA
En un video de hace largos años quedó grabado un rifirrafe entre el extinto ex magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria, y el prófugo Luis Carlos Restrepo, ex comisionado de paz del gobierno Uribe, en el que el primero textualmente le afirmaba al segundo, que una cosa era matar para enriquecerse y otra cosa matar para que la gente viva mejor.
Carlos Gaviria fue un magistrado de línea progresista, reconocido por su apuesta en la defensa de los derechos humanos que consignó a través de sentencias en la Corte Constitucional, al terminar su período en dicho tribunal, fue elegido como congresista en representación de un movimiento que aglutinó a varias tendencias de izquierda, más adelante se postuló como candidato presidencial y fue una de las cabezas visibles del Polo Democrático Alternativo.
En lo personal, resulté sorprendido en ese momento cuando vi el video, no entendí, cómo una persona que se mostró siempre preocupada por defender los derechos humanos, justificaba quitarle la vida a otro ser humano para vivir mejor, me pareció una afirmación cínica desprovista de humanidad en un humanista, pero viéndolo en perspectiva, esta ha sido la lógica bajo la cual se han arropado aquellos que han hecho parte de los grupos guerrilleros en Colombia.
En la pasada marcha del 1 de mayo la cual fue secuestrada hábilmente por el petrismo para mostrar respaldo al jefe de Estado, toda Colombia vio a través de los medios de comunicación ondear la bandera del M-19 en manos de Gustavo Petro, una afrenta a los recuerdos, a las víctimas de este grupo de terroristas indultados graduados per se, de revolucionarios.
Hace más de un mes, María del Mar Pizarro, hija del desaparecido Carlos Pizarro, manifestó en una sesión de la Cámara de Representantes, que antes que vergüenza sentía orgullo por lo que había hecho el M-19, sus palabras dejaron sentir que los muertos, los secuestrados, los desaparecidos que cayeron bajo el actuar de este grupo terrorista no significaron nada.
En esa misma línea han permanecido los jefes de las Farc en el Congreso, para quienes sus delitos a pesar de lo grave, no merecen ningún tipo de sanción, su actitud, su discurso, lo único que ha mostrado es que todavía se sienten respaldados del poder con el que decidían en la manigua quien vivía o moría, para ellos el arrepentimiento no existe.
Cuántas vidas han sido tomadas en Colombia por cuenta de este tipo de justificaciones viles, cuántos delincuentes ávidos de poder y con la creencia de sentirse protectores de los más vulnerables han incurrido en incontables delitos aberrantes en contra de la población civil, cientos. Para mí un sujeto que empuñó un arma quitándole la vida a inocentes por una idea, es un individuo que queda al margen de la autoridad moral para hablarme de defensa de derechos humanos, así de sencillo.
No me calo la retórica romántica de este gobierno frente al delito, mucho menos de aquellos que posando de revolucionarios han asesinado a personas amparados en retorcidas ideas, de hecho si tuviese la oportunidad de legislar en este país, propondría que estos personajes sean privados de sus derechos políticos y por supuesto de la posibilidad de ocupar la primera dignidad dentro del Estado, tal vez no sea una solución definitiva, pero sí una forma de derribar de alguna forma la pretensión de muchos, de decidir sobre la vida de otros en nombre del pueblo y desterrar de manera definitiva que cada cierto tiempo nos estén embarcando en procesos de una paz que al final nunca llega.
