Con el objetivo de realizar seguimiento preventivo frente al posible impacto ambiental causado por la expansión urbana y el desarrollo residencial en el área de la ciénaga de Mallorquín, la Procuraduría General de la Nación realizó la segunda visita de inspección al proyecto Ciudad Mallorquín y a toda su área de influencia.
El Ministerio Público representado en el funcionario Julio Cesar Rodas Monsalve escuchó también a la comunidad que ha venido denunciando las presuntas afectaciones ambientales y sociales que se podrían generar por el desarrollo de proyectos urbanísticos en esta área.
La primera mesa de trabajo se llevó a cabo el pasado 12 de abril con autoridades y entidades regionales, en la que refirió que el Área Metropolitana de Barranquilla no estaría cumpliendo con su rol de articulación para la defensa del ecosistema de humedal.
Para la mayoría de propietarios de la zona en controversia, lo que viene ocurriendo es un claro atropello a sus derechos, pues advierten que nunca se les dijo de los riesgos de esta obra.
Leonor Prada, una de las afectadas señaló, además, que es “inconcebible” que los propietarios deban salir de sus inmuebles, los cuales aún siguen pagando.
Freddy Castillo, propietario del conjunto Mirador de la Ciénaga, pidió a la PGN que tome medidas frente a las personas directamente del caso. “El 75 % de la zona urbana de Barranquilla vierte aguas residuales en el río Magdalena y debe ser la Triple A quien debe invertir en este tema y de esto no tiene culpabilidad Ciudad Mallorquín”.
Por su parte, el ambientalista Horacio Brieva, representante de Pro Transparencia, aclaró que la batalla que se viene presentando es contra el grupo Argos y no contra la comunidad.
“El primer plantón frente a este proyecto fue cuando todavía no se había construido la primera pared, se hizo un plantón. Celebramos que la CRA plantee revisar el Pomca de Ciénaga Mallorquín a través de su plan de acción para el próximo cuatrienio”, sostuvo.
Brieva señaló que también se busca que se siga destruyendo el medioambiente con proyectos urbanísticos futuros.
El abogado Reimundo Marenco aseveró que los problemas que se han presentado no son contra la comunidad y que lo que se busca es que no se presenten inconvenientes y afectaciones para la misma comunidad.
“No estamos apareciendo hoy ni ayer ya que esto es un problema que viene desde 1999. De lo que se trata es que se intervenga en esos procesos de los Planes de Ordenamiento Territorial y se le dé la información correcta a la comunidad para que se les explique cómo van hacer con las aguas servidas que van a parar a Mallorquín”, dijo Marenco.
Destacó, además, que la Procuraduría General de la Nación tiene responsabilidades con la situación presentada debido a que no se le ha dado solución a las aguas servidas y demás problemas ambientales que se están originando en otros sectores urbanísticos como el complejo Alameda del Río.
El ciudadano Alberto Forero, residente del sector y miembro del Comité Atlántico Servicios Públicos pidió a la PGN que se revise la jurisdicción de Ciudad Mallorquín con el fin de que rija el POT de Barranquilla o Puerto Colombia.
“La justicia debe actuar ya. La PGN debe estar pendiente porque si la parte jurídica no se soluciona igual se debe proteger”, puntualizó.
