Las generalizadas protestas protagonizadas recientemente por los presos hacinados en todas las cárceles de Barranquilla y Colombia –no hay una sola que no padezca de hacinamiento total– están coincidiendo con las reclamaciones de diferentes sectores, entre los cuales no faltan las conocidas Organizaciones No Gubernamentales-ONG, algunos congresistas de los que hoy se autodenominan partidos alternativos, movimientos cívicos, líderes sociales, los abogados especializados en derecho penal, todos esgrimiendo el Decreto 546 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional, el que establece la posibilidad que se produzcan algunas excarcelaciones, sustituyéndolas por las de prisión domiciliaria, un proyecto que ya se husmea en el ambiente.
Esta norma que fue proferida como consecuencia de la emergencia ocasionada por el Covid-19, teniendo en cuenta el inminente riesgo que representaba para más de 123.000 personas privadas de la libertad y que aún se encuentran en condición de hacinamiento.
No obstante, siempre han proliferado las críticas en relación al número de posibles beneficiados con el vigente señalado decreto, partiendo de la premisa que a nivel nacional existe una sobrepoblación de reclusos.
Por lo pronto, lo que se puede afirmar es que no se han producido muchas excarcelaciones en virtud del referido decreto, aunque ya están en trámite algunos cobijados con la señalada disposición gubernamental, lo que permitirá enviar a prisión domiciliaria a algunos hoy privados de la libertad, siempre y cuando reúnan los requisitos introducidos en el referenciado decreto entre los cuales que tengan más de 70 años de edad y hayan cumplido las dos terceras partes de su condena.
Lo que sí no admite discusión es que Colombia tiene un sistema carcelario que viene arrastrando un hacinamiento de casi el 60% como lo hemos comentado en este mismo espacio editorial y que en estos tiempos el Gobierno tiene un gran desafío, consistente en evitar que los centros penitenciarios sean escenario de una incontenible catástrofe.
Lo ocurrido en varias cárceles, en donde en el año 2020 fallecieron muchos reclusos por Covid-19 y otros más que fueron hospitalizados por la misma causa, se nos ocurre afirmar que el hacinamiento carcelario se constituye en una señal de alerta contundente y dolorosa que debe llevar a tomar acciones lo más rápido posible.
Es apenas normal que diferentes conglomerados sociales conformados por colombianos de bien, estén exponiendo sus inquietudes respecto a lo que pueda suceder después que salgan de las celdas muchas personas responsables de graves delitos y se les permita purgar la pena en sus domicilios.
Es comprensible en un país en el que la seguridad ciudadana es un problema latente el que en los últimos tiempos se ha venido incrementando y en el que son evidentes las falencias del Inpec, en la labor de monitorear a quienes actualmente gozan del beneficio de la detención domiciliaria.
Es una situación a todas luces excepcional, hay que entender también que el precario sistema de salud de la población carcelaria difícilmente podría lidiar con un escenario como el que se puede presentar.
Lo que se requiere es que se cumpla estrictamente el espíritu de la disposición legal, que no se presente el caso en que queden libres peligrosos delincuentes que luego salgan a las calles para atemorizar a la población.
Para eso existen idóneos caminos y herramientas que le permiten a la Fiscalía General de la Nación, analizar el riesgo de reincidencia de cada reo y así saber con mayor certeza quiénes pueden y quiénes no, ser beneficiarios de la medida extraordinaria a que hoy hacemos referencia la cual se percibe en el ambiente.
