El presidente de la República Gustavo Petro Urrego solicitó la salida del Gobierno Nacional del secretario de Transparencia Andrés Idárraga y la consejera para las Regiones Sandra Ortíz, ambos salpicados en el polémico caso de sobrecostos en carrotanques de agua para La Guajira, cuyos recursos habrían sido utilizados presuntamente para dar sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara.
Sobre la polémica que afronta el gobierno, el jefe de Estado indicó: “esos funcionarios, sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales, deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones de la justicia”, expresó.
Antes de ello, Petro había asegurado: “he sido claro desde el inicio de la campaña. En mi gobierno no se tolera la corrupción. Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va», anotó.
En el caso de Sandra Ortíz, según el exdirector de la Ungrd Sneyder Pinilla, habría sido ella quien presuntamente entregó 3.000 millones de pesos al presidente del Senado Iván Name Vásquez, para que este impulsara la aprobación de los proyectos del Gobierno Nacional en el Congreso.
En cuanto al secretario de Transparencia, este es señalado de supuesto tráfico de influencias, luego de que la defensa del exdirector de la Ungrd Olmedo López diera conocer chats en los que Idárraga presuntamente trata de comunicarse con López y ofrecerle su respaldo .
Vale la pena mencionar, que en las últimas horas procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, ordenó el inicio de las actuaciones disciplinarias que sean pertinentes por los graves hechos denunciados en las últimas horas, en los que se mencionan presuntos actos delictivos y de corrupción que al parecer involucrarían a altas dignidades del órgano legislativo, incluidos los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, así como a otros altos funcionarios del Estado.
La Procuradora General pidió un completo recaudo probatorio para esclarecer las denuncias ventiladas de manera pública, que hablan de la entrega de altas sumas de dinero como parte de sobornos entregados durante el desarrollo de procesos de contratación en el país.
