Entidad advierte sobre condiciones insalubres y deficiencias en el tratamiento de aguas residuales en las islas tras proceso de reconstrucción.
La Defensoría del Pueblo ha lanzado una señal de alarma respecto al estado preocupante de los vertimientos de agua doméstica en San Andrés y Providencia, advirtiendo sobre el potencial riesgo para la salud de los habitantes de las islas.
Tras una exhaustiva vigilancia durante el proceso de reconstrucción de las islas Providencia y Santa Catalina, la Defensoría del Pueblo ha identificado un serio problema con los vertimientos de aguas residuales domésticas. Estos vertimientos, según la entidad, están generando altos niveles de contaminación en las proximidades de las viviendas, lo que podría desencadenar condiciones insalubres y representar un grave riesgo para la salud pública.
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), también ha corroborado esta compleja situación, destacando deficiencias en los sistemas de vertimientos durante sus informes técnicos.
En su más reciente evaluación, Coralina inspeccionó aproximadamente 235 viviendas reconstruidas, encontrando que 58 de ellas presentan una situación crítica en lo que respecta al tratamiento de aguas residuales.
El Defensor del Pueblo ha expresado su preocupación por posibles incumplimientos de las responsabilidades gubernamentales y órdenes judiciales, especialmente la Sentencia T-333 de 2022 de la Corte Constitucional, que insta a solucionar de manera definitiva el vertimiento de aguas negras domésticas al ambiente en las islas.
Ante estos hallazgos alarmantes, la Defensoría del Pueblo ha instado al Gobierno a implementar medidas urgentes para garantizar el correcto tratamiento de los vertimientos, con el fin de proteger la salud pública y el medio ambiente en las islas.
«Instamos a que se evalúen las alternativas para las viviendas que carecen actualmente de un sistema de tratamiento de agua residual, así como a impulsar proyectos destinados a obtener los recursos necesarios para su implementación», remarcó el Defensor del Pueblo, subrayando la importancia de abordar este problema de manera inmediata y efectiva.
