Por: Jorge López
La Ley General de la Educación de 1994 ha sido la normativa más influyente en el sistema educativo colombiano en las últimas décadas.
Representa la esencia de la formación y establece un diálogo crucial entre el ámbito escolar y la sociedad. Sin embargo, su implementación ha sido desafiante, principalmente debido a la intervención del Ministerio de Educación, que ha obstaculizado la autonomía escolar y ha promovido la estandarización de las evaluaciones nacionales, lo que ha generado dificultades en la adaptación de las políticas educativas a las necesidades específicas de cada región y comunidad. A lo largo de sus 222 artículos, la Ley 115 del año 1994 ha buscado fomentar la formación integral y la calidad educativa. Pero, su efectividad se ha visto limitada por la falta de contextualización y pertinencia en los procesos curriculares. La ausencia de una política educativa a largo plazo también ha contribuido a este problema, generando la necesidad de replantear un nuevo Código de la Educación que aborde las realidades locales y regionales. Este nuevo código debe promover la participación democrática y la autonomía institucional, reconociendo la diversidad cultural y social del país.
La participación democrática ha sido un pilar fundamental de la Ley 115 de 1994, reflejando los principios constitucionales de la sociedad colombiana. En cierto modo, su implementación efectiva ha sido desafiante, especialmente en términos de garantizar la representatividad y la inclusión de todas las comunidades en el proceso educativo. Es necesario fortalecer este aspecto para impulsar una educación más inclusiva y equitativa, que reconozca y valore la diversidad cultural, étnica y lingüística del país.
La reformulación de la Legislación General de Educación debe priorizar la formación de buenos ciudadanos y la promoción de valores constitucionales. Esto implica una revisión profunda del currículo escolar, que no solo transmita conocimientos, sino que también fomente la reflexión ética y moral. Los estudiantes deben ser preparados para enfrentar los desafíos de una sociedad en constante cambio, desarrollando habilidades socioemocionales, críticas y creativas que les permitan contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar colectivo. En este proceso de reforma, es crucial el papel del docente como artista y formador, capaz de crear experiencias educativas significativas que impacten positivamente en la vida de los estudiantes. La nueva legislación educativa debe inspirar y empoderar a los educadores para que puedan cultivar una relación profunda y enriquecedora con sus estudiantes, reconociendo sus saberes previos y promoviendo un aprendizaje significativo y contextualizado.
La evolución de la Legislación General de Educación en Colombia desde la promulgación de la Ley 115 de 1994 ha sido un reflejo de los desafíos y cambios sociales a los que se enfrenta el país. Si bien esta normativa sentó las bases para una educación más inclusiva y de calidad, aún persisten numerosas problemáticas que requieren atención urgente y acciones coordinadas entre el gobierno, la sociedad civil y otros actores relevantes.
Una de las principales dificultades a las que se enfrenta el sistema educativo colombiano es la brecha de acceso y calidad entre las zonas urbanas y rurales. A pesar de los esfuerzos por mejorar la infraestructura y los recursos en las áreas más remotas, muchos estudiantes aún enfrentan barreras para acceder a una educación de calidad debido a la falta de infraestructura adecuada, la escasez de maestros capacitados y la limitada disponibilidad de materiales educativos. Otro desafío importante es la inequidad de género en la educación. Pese a los avances en la promoción de la igualdad de género en las escuelas, las niñas y las mujeres siguen enfrentando barreras para acceder a la educación en igualdad de condiciones que los niños y los hombres.
La discriminación de género, los estereotipos sociales y la falta de oportunidades para las niñas en áreas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) continúan siendo obstáculos significativos para el desarrollo educativo y profesional de las mujeres en Colombia.
Además, la crisis socioeconómica y política que ha afectado al país en los últimos años ha tenido un impacto devastador en el sistema educativo. La falta de financiamiento adecuado, los recortes presupuestarios y la inestabilidad política han debilitado la capacidad del gobierno para garantizar una educación de calidad para todos los colombianos. Muchas escuelas enfrentan problemas de infraestructura, falta de recursos y escasez de personal, lo que afecta negativamente la calidad de la educación y limita las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes.
Igualmente, la pandemia de Covid-19 ha exacerbado aún más las desigualdades educativas en Colombia. El cierre de escuelas y la transición al aprendizaje en línea han dejado a muchos estudiantes sin acceso a la educación, especialmente aquellos de comunidades marginadas o con recursos limitados.
La falta de acceso a Internet, la carencia de dispositivos electrónicos y la falta de capacitación para el aprendizaje remoto han ampliado la brecha digital y han dejado a muchos niños y jóvenes rezagados en sus estudios. En respuesta a estos desafíos, es fundamental que el gobierno colombiano y otros actores relevantes trabajen en conjunto para desarrollar políticas y programas educativos que aborden estas problemáticas de manera integral. Esto incluye la implementación de estrategias para mejorar la infraestructura escolar, aumentar la capacitación docente, promover la igualdad de género en la educación y garantizar el acceso equitativo a la educación en todos los niveles. Además, se deben tomar medidas urgentes para abordar las consecuencias educativas de la pandemia de Covid-19 y garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de continuar aprendiendo de manera efectiva, ya sea en el aula o en línea. Este texto hace parte del Taller de Lectura y Escritura sobre Procesos Curriculares en su relación con la Ley General de Educación, realizado con los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico (I-2024).
