El panorama de la salud en gran parte del territorio de Colombia ha sido nuevamente motivo de preocupación, según el más reciente informe emitido por la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con la información de la referida entidad, en el año 2023 y lo que va corrido de 2024 se instauraron 198 mil tutelas por la vulneración al derecho a la salud y la Nueva EPS fue la más tutelada, seguida por Sanitas, Sura EPS, Savia Salud y Asmet Salud.
Durante el año pasado, se radicó esa espeluznante cifra marcando un incremento del 26,44% en relación con el 2022, cuando fueron interpuestas 156.413.
El mayor número de tutelas se sigue concentrando en los departamentos de Antioquia, con el 18,79%, seguido de Valle del Cauca 10,83%, Bogotá D.C. 9,61%, Norte de Santander 7,35% y Santander 5,75%.
No obstante, el registro por cada 10.000 habitantes dio cuenta que Arauca, Caldas, Risaralda y San Andrés, tuvieron los indicadores más elevados, aunque en otros departamentos como Atlántico, Bolívar, Magdalena y otros, igualmente muchos usuarios acudieron al mecanismo jurídico de la tutela.
Como debe saberse, la salud es uno de los derechos fundamentales más vulnerados en Colombia, es la segunda razón por la que se presentan acciones de tutela y la principal causa de quejas en las entidades prestadoras de tan importante servicio, lo cual nos debe llevar a una reflexión sobre la necesidad de ajustar el sistema, pero ese debe ser el resultado de un gran pacto que involucre a todos los sectores tal como lo expresó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
En medio de las grandes expectativas existentes entre los colombianos respecto al futuro de las reformas propuestas por el actual Gobierno presidido por Gustavo Petro Urrego, entre las cuales se encuentran la del sistema de salud, no sorprende el anuncio emitido por la Defensoría del Pueblo.
El anuncio emitido por la referida entidad, dando a conocer que diariamente en Colombia se instauran tantas tutelas, para reclamar sus derechos a salud, no es motivo de extrañeza por parte de los colombianos.
Los ciudadanos que acuden a este mecanismo jurídico es porque consideran que su derecho a la salud le ha sido vulnerado, por lo que resulta evidente la necesidad de avanzar en la garantía de este derecho, consagrado en nuestra Carta Magna entre los fundamentales.
Tal como lo hemos recalcado en este mismo espacio editorial, la –posible– comercialización del sector de la salud a partir de las reformas impuestas por la Ley 100 de 1993, condujo a la prestación de un servicio regido especialmente por intereses económicos, lo que sin duda abrió nuevos boquetes al déficit y contribuyó a que las fallas –que deben ser reformadas– se entronizara con efectos negativos para toda la población, lo esencial ahora es que se afronte con más “cabeza fría” lo que está pasando al interior del sector de la salud.
No hay que desconocer que algunas Instituciones Prestadoras de Salud como conocidas E.P.S e I.P.S., se distinguen por sus excelentes servicios, en parte porque no se remiten a trámites absurdos para enredar a los pacientes.
Hoy hacemos eco de las innumerables quejas de los usuarios y un llamado al Ministerio de Protección Social y la Superintendencia de Salud para que ejerzan mayor control a todas estas entidades, ya que en verdad hay algunos aspectos que deben ser revisados urgentemente.
