Durante la la Tercera Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Acuerdo de Escazú realizado en Santiago de Chile, un grupo de congresistas colombianos solicitaron que se ratifique el acuerdo “toda vez que se alinea con los objetivos de esta Comisión, del Gobierno del Cambio 2022-2026, la Constitución Política de Colombia de 1991 y la Agenda 2030 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas”, precisaron.
Los miembros de la Comisión Accidental de Agua y Biodiversidad del Congreso de la República instaron a la Corte Constitucional que declare exequible el Acuerdo de Escazú, teniendo en cuenta que este es una herramienta para la protección del medio ambiente y los Derechos Humanos aprobada por el Congreso que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina.
“Su ratificación fortalecerá el Estado social de derecho en la garantía de la justicia para todas y todos”, se lee en el documento firmado por varios congresistas, entre ellos: Ingrid Aguirre, María del Mar Pizarro, Jorge Hernán Bastidas, David Alejandro Toro, Pedro Suárez Vacca, Erick Velasco, Alirio Uribe, Jairo Cala, Andrés Cancimance y Leyla Rincón.
El acuerdo fue sancionado por el presidente Gustavo Petro el pasado el 5 de noviembre de 2022 por medio de la Ley 2273, documento que también fue firmado por el embajador permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York, Guillermo Fernández, el 11 de diciembre de 2019 junto a 23 países de la región.
Cabe mencionar, que recientemente la Procuraduría General de la Nación por medio de un documento enviado a la Corte Constitucional, solicitó que se declare constitucionala firma del Acuerdo de Escazú que se llevó a cabo en el 2018 en Costa Rica.
Según lo explicó el viceprocurador General de la Nación, Silvano Gómez Strauch, los puntos del acuerdo son exequibles, ya que desarrollan los principios de la ‘Constitución Ecológica’, así como complementan los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos.
Precisó en esa línea Gómez Strauch que son razonables las medidas del tratado que buscan orientar y asistir al público para facilitar el ejercicio de sus derechos al acceso a la información en materia ambiental, dado que permiten superar una situación de déficit y debilidad de la gestión del medio.
