La defensa busca dilatar el proceso mientras la Fiscalía avanza con evidencias contundentes de corrupción.
La Fiscalía General de la Nación, encabezada por el fiscal Mario Burgos, ha anunciado la preparación de una nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro, hijo del presidente, en el marco de un caso de corrupción que ha sacudido la opinión pública. En una audiencia preparatoria accidentada, Burgos ratificó la determinación de pedir medidas de aseguramiento en un centro carcelario para Petro, por los presuntos delitos cometidos durante su gestión como diputado del Atlántico.
«Al señor Nicolás Fernando Petro Burgos la Fiscalía General de la Nación tiene pendiente adicionar la formulación de imputación, y solicitar medida de aseguramiento en centro carcelario, por otros injustos penales», afirmó el fiscal Burgos durante la audiencia, expresando su preocupación por las constantes dilaciones en el proceso.
La Fiscalía ha destacado que han completado la recuperación de evidencias y elementos de prueba que señalan cómo Nicolás Petro utilizó su cargo para beneficio personal, incurriendo en al menos cuatro delitos. Según las investigaciones, Petro habría participado en un entramado de corrupción relacionado con contratos de la Gobernación de Atlántico, utilizando una fundación para desviar fondos públicos destinados a proyectos sociales hacia su beneficio personal.
A pesar de los intentos de la defensa de Petro por retrasar el proceso, el juez a cargo ha rechazado las solicitudes de suspensión de la audiencia preparatoria, insistiendo en la necesidad de avanzar en el proceso judicial. La defensa argumentó la falta de pruebas por parte de la Fiscalía, pero el juez desestimó estas afirmaciones, señalando que no se demostró que los supuestos actos irregulares afectaran la integridad del proceso.
Con esta nueva imputación, se espera que salgan a la luz contratos firmados entre la Gobernación de Atlántico y la fundación Conciencia Social, destinados a proyectos para adultos mayores y la lucha contra el analfabetismo, los cuales, según la Fiscalía, nunca se ejecutaron pero sí se cobraron. Se estima que más de 3.600 millones de pesos fueron desviados a manos de particulares vinculados a Petro y otros implicados, en lugar de ser utilizados para los fines sociales previstos.
Las investigaciones también revelan que los contratos en cuestión se desarrollaron entre 2021 y 2023, con montos que superan los 3.600 millones de pesos. Estas revelaciones constituyen un golpe significativo para Nicolás Petro y su defensa, quienes enfrentarán un proceso judicial cada vez más complejo y lleno de evidencias en su contra.
