Dolores de cabeza siguen causándole a la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval , las obras que se realizan en la calle 30, a la altura de la empresa Tauro, en el punto que ha sido motivo de litigio por años entre Barranquilla y Soledad.
Y es que precisamente, por presuntas irregularidades en el contrato suscrito entre la Alcaldía de Soledad y la Empresa para el Desarrollo Urbano de Occidente (Eduoccidente), ante la Procuraduría General de la Nación fue presentada una solicitud de suspensión a la alcaldesa Alcira Sandoval.
La solicitud obedece a una queja de carácter disciplinario presentada por el concejal Bryan Orozco y el veedor ciudadano Federman Vizcaíno, teniendo en cuenta que “a pesar de existir una expresa prohibición legal para celebrar contratos de obra a través de convenios interadministrativos con empresas de economía mixta, así lo hicieron”.
Según la parte denunciante, representada en Orozco y Vizcaíno, en el documento presentado al Ministerio Público, dicha gestión se habría adelantado “con la inequívoca voluntad de defraudar el ordenamiento jurídico y en especial, las normas y principios que regulan la contratación estatal”.
Para los denunciantes, lo más crítico es que “todas las acciones ejecutadas por los querellados no tuvieron finalidad distinta a la de eludir la obligación de adelantar la respectiva licitación pública para la selección del contratista y así poder adjudicar el contrato de manera directa a una empresa creada hace apenas 8 meses, sin experiencia acreditada en la ejecución de obras de infraestructura y sin la capacidad financiera para ejecutar el objeto contratado”.
Curiosamente en un contrato de tan alto costo como éste, “no se advierte ninguna gestión o procedimiento que garantizara la concurrencia plural de oferentes”, así como en el estudio previo no existen fundamentos “facticos y jurídicos serios” , que señalen por qué fue escogida la empresa Eduoccidente.
De acuerdo a lo señalado por Federman Vizcaíno, se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra la alcaldesa por presuntamente haber incurrido en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
En la denuncia también se indica que la denuncia también cobija a la ex secretaria general Amalfi Gaviria quien tiene directa responsabilidad con el convenio interadministrativo suscrito con la Empresa para el Desarrollo Urbano de Occidente (Eduoccidente) para adelantar esta intervención.
El contrato –que se celebró bajo la modalidad de contratación directa– fue por valor de $6 mil millones, a pesar de que la empresa fue constituida con un capital de $600 millones: “Es decir, el equivalente al 10 % del valor del convenio”.
“A pesar que el negocio jurídico fue denominado convenio interadministrativo, su naturaleza en realidad corresponde a la de un contrato interadministrativo, donde la participación del contratista no responde a los criterios de colaboración y cooperación, sino que actúa como cualquier otro contratista del mercado”, recalcaron los denunciantes.
Indicaron, además, que el contrato se celebró bajo la “espuria” modalidad de convenio interadministrativo con el fin de “eludir la obligación de seleccionar el contratista a través de licitación pública, defraudándose los principios que rigen la contratación estatal”.
Orozco y Vizcaíno pusieron de presente que, según el artículo 91 de la ley 1471 de 2011, “no está permitida la celebración de contratos de obra a través de los convenios interadministrativos, cuando una empresa de economía mixta sea la ejecutora”.
“El convenio cuestionado tampoco podía celebrarse en atención a que la Empresa para el Desarrollo Urbano de Occidente, ejecutora del convenio, no cuenta con experiencia acreditada en esa materia, ni la capacidad financiera para ejecutar el proyecto convenido”, se lee en el documento de la denuncia penal.
