Un informe presentado el jueves 25 de abril de 2024 por más de 700 entidades sociales colombianas, bajo la Coordinadora Humanitaria, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha revelado un preocupante incremento del 36% en la presencia y acciones de grupos armados en Colombia durante el primer trimestre de 2024.
El documento alerta sobre la afectación de 189 municipios del país, casi el 20% del total. La violencia territorial y presencia de grupos ilegales ha escalado significativamente en los primeros meses del año, en especial, en las regiones que habían sido catalogadas como “las más golpeadas por el conflicto”, antes del acuerdo de paz de 2016.
Entre los actores con mayor presencia destaca el Clan del Golfo, catalogado como el principal grupo paramilitar y criminal del país, con influencia marcada en 60 zonas. Le siguen de cerca el Estado Mayor Central (EMC), la facción disidente más grande de las Farc, activa en 29 zonas, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con presencia en 26 áreas.
El estudio también señaló un alarmante incremento del 70% en actos hostiles perpetrados por estos grupos armados; no obstante, se registró una disminución del 32% en las infracciones a los acuerdos de cese al fuego durante el mismo periodo.
Durante el lapso comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo, se documentaron 272 episodios violentos, incluyendo violaciones a los ceses al fuego y agresiones directas. Aunque hubo una reducción en las primeras, las segundas experimentaron un aumento en comparación con el primer trimestre del año anterior.
El informe hace énfasis en que, a pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz en Colombia, los “impactos de la guerra contra la población civil” se han intensificado. En parte, esto se debe a que las reglamentaciones del derecho internacional humanitario (DIH) no se están aplicando adecuadamente, y las restricciones impuestas por los ceses al fuego no se están cumpliendo de manera efectiva.
En este contexto, la Coordinadora Humanitaria hizo un llamado urgente para establecer un cese al fuego multilateral y de hostilidades que especifique claramente las acciones prohibidas en sus protocolos, con el objetivo primordial de “permitir proteger la vida de la población civil”.
Este pedido surge como un eco de esperanza ante el recrudecimiento de la violencia, aspirando a sentar las bases para una paz duradera en el país. Sin embargo, el recrudecimiento de la actividad de grupos armados en Colombia ha desencadenado graves consecuencias para la población civil y el desarrollo del país.
Entre los efectos más nocivos se encuentra el desplazamiento forzado de miles de personas, lo que fragmenta comunidades y reduce el acceso a derechos fundamentales como salud, educación y vivienda. Este fenómeno sin duda erosiona la cohesión social, alimenta ciclos de violencia y mina la confianza en las instituciones, al afectar la democracia y la gobernabilidad. Adicionalmente, este aumento de hostilidades entorpece los esfuerzos de paz y reconciliación en el país, dificultando la consecución de acuerdos de paz duraderos que protejan y mejoren la vida de los civiles.
