Un hecho que ha causado indignación en Itagüí, Antioquia, se dio a conocer recientemente. Jean Carlos Espinal Ardilla, un hombre de 21 años, se entregó a la Policía del Valle de Aburrá tras propinarle una brutal golpiza a un niño de tan solo 3 años, aparentemente porque el menor se había orinado en la cama.
El brigadier general Óscar Andrés Lamprea Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, informó que tras un intenso operativo, el hombre se entregó. “El día de hoy, en un hecho lamentable que se repudia por toda la ciudadanía y todas las autoridades, se logra la materialización mediante orden judicial del presunto victimario que agredió físicamente al niño de tres años”, declaró.
El menor, que sufrió un trauma craneoencefálico, fue llevado de urgencia a la Clínica León XIII y permanece bajo observación médica. Según testigos, el hombre habría decidido golpear al niño en la cabeza, ocasionándole un hematoma que hizo necesario su traslado al hospital.
John Fredy Ortiz, personero de Itagüí, indicó que “los padres lo llevaron a atención médica y sin informar a ninguna autoridad de lo sucedido”. Al ser interrogado sobre su responsabilidad, el agresor negó todo.
Tras conocerse este hecho, las autoridades lanzaron un operativo relámpago para dar con el responsable, generando indignación en Itagüí. Sin embargo, el hombre se sintió acorralado y por su propia voluntad se entregó en una estación de Policía de ese municipio.
#Noticias/ La Policía confirmó que el hombre acusado de agredir a un menor de 3 años en Itagüí fue capturado por violencia intrafamiliar.
— Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 28, 2024
El sujeto, se presento voluntariamente ante las autoridades, tiene antecedentes por porte de estupefacientes. pic.twitter.com/RWLYWN1BQO
El alcalde de Itagüí, Diego León Torres Sánchez, confirmó que “esta persona se presentó voluntariamente ante la Policía y hoy lo tenemos bajo resguardo a la espera de que las autoridades tomen una decisión”.
Este incidente pone de relieve la necesidad de proteger a los más vulnerables y garantizar que se haga justicia en casos de violencia contra menores.