Audiencia pública reúne a líderes y expertos para analizar la constitucionalidad y los beneficios del acuerdo regional.
En una jornada de análisis celebrada el pasado 26 de abril en la Corte Constitucional, se profundizó en los aspectos jurídicos y ambientales relacionados con la implementación del Acuerdo de Escazú y su ley aprobatoria.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, defendió con firmeza la pertinencia del acuerdo, destacando su potencial para fortalecer la protección de los defensores ambientales, así como para promover una mayor transparencia en las decisiones relacionadas con el medio ambiente.
En el transcurso de la audiencia, se contó con la participación destacada de diversas personalidades del ámbito político y jurídico, entre ellas las senadoras Paola Holguín y Angélica Lozano, quienes ofrecieron perspectivas divergentes sobre la ratificación y aplicación del acuerdo en Colombia.
Holguín expresó su preocupación por los posibles impactos negativos que la adopción del acuerdo podría tener en la seguridad jurídica de la inversión extranjera en el país, mientras que Lozano destacó la experiencia previa de Colombia en la suscripción de tratados ambientales y señaló la coincidencia entre las disposiciones del acuerdo y la normativa nacional existente.
Durante la sesión, se abordaron temas cruciales como el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente.
El Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en 2018, representa un hito importante en la promoción de la transparencia y la participación pública en temas ambientales en América Latina y el Caribe. Sin embargo, su implementación requiere un análisis cuidadoso de sus implicaciones legales y su compatibilidad con el marco jurídico de cada país.
En conclusión, la audiencia pública en la Corte Constitucional sirvió como espacio de reflexión y debate sobre el papel del Acuerdo de Escazú en la protección del medio ambiente y los derechos humanos en la región, resaltando la necesidad de un enfoque colaborativo y concertado para su efectiva implementación.
