Indiscutiblemente durante muchos años Colombia ha buscado de manera incesante encontrar caminos para conseguir la paz, bien jurídico en cualquier sociedad del mundo civilizado, pero afectada principalmente por organizaciones al margen de la ley.
Recordando la historia, desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, muchos gobiernos como solía decirse, han tendido un puente a través de la implementación de múltiples leyes de amnistía e indulto.
Trayendo colación nuestra historia, en plena confrontación liberal-conservadora en el año 1953, el General Gustavo Rojas Pinilla expidió un amplio decreto de amnistía que comprendía tanto a los guerrilleros, como a los agentes del Estado que se hubieran excedido en su defensa.
Como se recordará, durante el Frente Nacional, Alberto Lleras expidió otra ley en igual sentido y Alfonso López Michelsen llevó a cabo algunas aproximaciones; Julio César Turbay Ayala confrontó por la vía militar a las guerrillas, también en búsqueda de la paz, creando una comisión para tal fin.
Así mismo y de manera audaz, Belisario Betancur llegó a acuerdos, con tregua y cese del fuego incluidos, con la entonces poderosa Coordinadora Nacional Guerrillera.
Generosamente, sacó de las cárceles a los guerrilleros del M-19 que estaban presos por delitos políticos; las alegadas violaciones de la tregua por el M-19 dieron lugar al tristemente recordado holocausto del Palacio de Justicia.
Virgilio Barco Vargas retomó el camino de las negociaciones y en marzo de 1990 firmó un exitoso acuerdo de paz con el M-19, sin dejar de intentar la paz con las otras guerrillas.
César Gaviria siguió por la misma senda y en medio de la euforia de la recordada Constituyente pudo desarmar al EPL, el PRT, el Quintín Lame y otros movimientos guerrilleros.
Ernesto Samper Pizano igualmente buscó solucionar de manera negociada al conflicto armado y sometió a consideración del Congreso, el que aprobó la conocida Ley 418 de 1997, que es el actual marco jurídico para las negociaciones de paz.
Por su parte, Andrés Pastrana, persiguiendo poner fin a la guerra y con el apoyo ciudadano, hizo lo posible mediante el proceso del Caguán, el que incluía varias clases de concesiones.
Recordemos igualmente que Álvaro Uribe Vélez tuvo comisionados de Paz y en medio de la política de confrontación abierta ofreció caminos de diálogo, entre ellos el que terminó en la desmovilización de las A.U.C., no hay que olvidar que Juan Manuel Santos, con todo y las dificultades, pudo desarmar con su proceso a la guerrilla más antigua y poderosa de Colombia como las Farc.
Ahora el presidente Petro ha lanzado su audaz pero arriesgada idea de la Paz Total, que por primera vez no solo abarca a las guerrillas con objetivos políticos, sino a toda clase de organizaciones delincuenciales, incluidas las claramente asociadas al narcotráfico.
Quiso también liberar a centenares de jóvenes de la llamada Primera línea, procesados o condenados por fiscales y jueces, en algunos casos por homicidio y torturas.
También le pidió al hoy exFiscal Francisco Barbosa, con fundamento en un decreto de discutible constitucionalidad, que levantara las órdenes de captura contra integrantes del ‘Clan del Golfo’ y de las autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, con base en un documento preparado por la vicefiscal Martha Janeth Mancera, que demostrara que no se trataba de delincuentes políticos, el jefe del ente acusador se abstuvo de cumplir esa “orden” presidencial.
Por ahora todos sabemos que la Paz total en Colombia es el programa bandera del presidente Gustavo Petro, el que se puede constituir en su consagración, si esta se logra o su condena, si esta no se consolida en los años venideros, seguramente en un futuro no muy lejano probará si el actual Gobierno es capaz de alcanzar la tan anhelada paz o no.
