La entidad solicita declarar desacato al Ministerio de Ambiente ante la falta de avances en el proceso judicial.
La Procuraduría General de la Nación ha elevado una solicitud al Tribunal Administrativo de Santander en la que insta a declarar desacato contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por no cumplir con el compromiso de delimitar el Páramo de Santurbán, tal como lo establecía una orden judicial.
Según lo expuesto por la Procuraduría, el Ministerio de Ambiente no ha llevado a cabo las acciones necesarias para avanzar en el proceso de delimitación del páramo, incumpliendo así con la disposición judicial que le exigía realizar esta tarea en un plazo determinado y con la participación de las comunidades locales.
«Se advierte que en el periodo de diciembre de 2023 a marzo de 2024 no se conoce que el MADS haya realizado ningún tipo de actividad o actuación para dar cumplimiento a este fallo judicial, ni las razones por las cuales de manera injustificada suspendió el proceso de delimitación», señala uno de los apartes del documento presentado por la Procuraduría.
La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han expresado su preocupación por la falta de avances en la delimitación del Páramo de Santurbán, a pesar de las reiteradas sentencias de la Corte Constitucional que instan a llevar a cabo este proceso. Ambas entidades consideran que el incumplimiento del Ministerio de Ambiente es evidente y solicitan al Tribunal Administrativo de Santander que declare un desacato.
«Considera que se presentan los elementos que configuran un eventual desacato del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a la Orden Quinta de la Sentencia de T-361 de 2017, circunstancia que debe ser verificada y valorada por el Honorable Tribunal de Santander con base en el marco normativa pertinente», concluye la petición presentada por la Procuraduría.
La falta de avances en la delimitación del Páramo de Santurbán ha generado preocupación no solo en las autoridades judiciales, sino también en diversos sectores de la sociedad, debido al incremento de la extracción ilícita de minerales en esta área protegida, lo que pone en riesgo la integridad del ecosistema.
