Agencia de Tierras y SAE firman acuerdo histórico para impulsar la Reforma Agraria en Colombia.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha anunciado la asignación de más de $600.000 millones en un acuerdo sin precedentes con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con el propósito de fomentar la redistribución de tierras y promover la Reforma Agraria en el país.
Según explicó la ANT, el Gobierno se ha propuesto entregar 1,5 millones de hectáreas de tierra fértil a familias campesinas, negras e indígenas que carecen de tierra o poseen cantidades insuficientes.
«Este es el cambio que prometimos: tierras que antes se destinaban a alimentar la politiquería, la corrupción y a seguir incrementando cuentas ilícitas, ahora pasan a manos de la población campesina, haciendo que la Reforma Agraria sea una realidad», afirmó la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.
El acuerdo entre la ANT y la SAE implica la transferencia de propiedades que pertenecían a narcotraficantes o individuos implicados en actividades ilegales, las cuales ahora forman parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), administrado por la SAE.
Según lo detallado por la ANT, este convenio contempla la adquisición de 38 propiedades distribuidas en Sucre, Córdoba, Santander, Meta y Antioquia, con un total de aproximadamente 6.000 hectáreas y un costo aproximado de 115.000 millones de pesos.
La ministra de Agricultura enfatizó que estas tierras, anteriormente en manos de la mafia, serán adquiridas por la ANT y transferidas a familias campesinas, marcando un hito en la lucha contra la corrupción y en la promoción del desarrollo rural.
El convenio, que se extenderá hasta agosto de 2026, busca agilizar las transacciones entre la ANT y la SAE, garantizando descuentos de hasta el 40% en las propiedades del Frisco adquiridas por la Agencia.
Es fundamental resaltar que este acuerdo establece plazos y compromisos para la revisión de los paquetes de propiedades por parte de ambas instituciones, con el objetivo de garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos destinados a la Reforma Agraria en Colombia.
