Reacciones divididas ante las nuevas disposiciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas que penalizan el despilfarro energético en Colombia.
Las recientes medidas anunciadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) han desencadenado diversas reacciones, ya que buscan castigar el derroche de energía y promover un «uso más responsable» entre los usuarios del país.
La Resolución 101-042 establece aumentos en los cobros por estratos para aquellos que consuman excesiva energía en medio de la crisis de los embalses debido a la sequía. Según esta normativa, los estratos 1 al 3 verán un incremento del 30% en su costo por cada kilovatio adicional consumido, mientras que para los estratos 4 al 6, el aumento será del 50%. Para el sector comercial e industrial, la subida será del 100% por cada kilovatio adicional utilizado.
Ante esta noticia, la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, tanto a nivel nacional como en la región Caribe, emitió declaraciones al respecto.
Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, expresó su desacuerdo: «Son sanciones injustas. Esta población lleva dos años pidiendo tarifas pagables. Se debió realizar una campaña de persuasión para informar a los usuarios sobre estas medidas. Ahora se les castiga con sanciones y se prolongan las tarifas injustas».
Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe, agregó: «No se deberían imponer sanciones en momentos de crisis sin haber educado previamente a la población».
En la misma línea, Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena, compartió su opinión sobre las medidas de la Creg. «Aunque comience a llover y disminuya el consumo de energía, la tarifa del kWh seguirá subiendo en el Caribe. No veremos alivio en los bolsillos pese a reducir el consumo a la fuerza».
Turbay Paz destacó que, aunque esta medida no genere un impacto económico positivo, sí promueve la racionalización del consumo energético en los hogares.
Cabe mencionar que estas medidas estarán vigentes hasta que los comisionados de la Creg decidan lo contrario, con una duración inicial de seis meses y la posibilidad de ser prorrogadas por otros seis.
